Ante las elecciones del 20 de noviembre,el PSC se siente más comprometido que nunca con la defensa de los intereses de los catalanes y las catalanas, su bienestar y la ambición...
Ante las elecciones del 20 de noviembre,el PSC se siente más comprometido que nunca con la defensa de los intereses de los catalanes y las catalanas, su bienestar y la ambición nacional de Cataluña en el marco de una España federal.
Ante la celebración de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, el Partit dels Socialistes de Catalunya se siente más comprometido que nunca con la defensa de los intereses de los catalanes y las catalanas, su bienestar y la ambición nacional de Cataluña en el marco de una España federal.
Balance de gobierno 2004-2011
Los catalanes y las catalanas hemos contribuido de manera decisiva a la victoria socialista de las dos últimas elecciones generales y en la conformación de un gobierno de progreso en España. Pero el anuncio del Presidente Zapatero de no volverse a presentar a la reelección nos sitúa en un final de ciclo. Es, pues, un buen momento parar hacer balance.
• Ampliación de derechos y libertades individuales
Zapatero ganó sus primeras elecciones generales en 2004 con más de once millones de votos. Fruto de aquella gran movilización ciudadana se sintió legitimado para emprender, de acuerdo con sus principios y sus valores de izquierdas, un ambicioso plan de reformas centrado en la ampliación de los derechos y de las libertades individuales y los derechos sociales. La Ley de la Dependencia es muy probablemente uno de los grandes éxitos de aquella legislatura, pero también hay que sumar la histórica Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad y el primer gobierno paritario de la Historia, la Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley antitabaco, la Ley de Reproducción Asistida, y la dignificación de las pensiones después de años de pérdida de poder adquisitivo en los gobiernos del Partido Popular. Un balance que se completó en el año 2010 con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que despenaliza el aborto en las 14 primeras semanas de gestación.
Durante la primera etapa del Gobierno socialista, España se convirtió en el referente mundial en materia de derechos y libertades. Fuimos objeto de seguimiento y de admiración para la mayoría de países, que veían como nos situábamos en la vanguardia de la defensa y la conquista de los derechos individuales y las libertades públicas.
Es la legislatura donde Zapatero demuestra que no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar decisiones comprometidas, como la retirada de las tropas de Irak o la derogación del trasvase del Ebro que se había aprobado en la anterior legislatura por el PP con el apoyo de CiU.
• Modernización e inicio del cambio de modelo productivo
En la primera legislatura socialista también se inicia la apuesta decidida para cambiar las bases de nuestro modelo productivo intentando huir de la burbuja inmobiliaria que había hecho crecer de forma ficticia e irresponsable nuestra economía durante los gobiernos del Partido Popular. Y se hace apostando decididamente por la competitividad de nuestras empresas y la puesta al día de las infraestructuras, con una inversión sin precedentes en Cataluña: más del doble que hace siete años, fruto de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto (que ha hecho que Cataluña sea la comunidad con más inversiones en infraestructuras per cápita de toda España). La transferencia de Cercanías, la llegada de la alta velocidad, el impulso del corredor mediterráneo o la decisión sobre la privatización de la gestión del aeropuerto de El Prat son otros ejemplos. Destaca muy especialmente la apuesta del Gobierno para la formación, la innovación y la investigación que ha hecho que Cataluña se convierta en una de las regiones europeas más competitivas, con más valor añadido y mejor preparada para afrontar las dificultades del presente y del futuro.
• Ampliación de nuestro autogobierno
Los primeros años del Gobierno Zapatero son también los de la aprobación del Estatuto, con una defensa sin precedentes de la ambición nacional de Cataluña frente a las embestidas centralizadoras del Partido Popular. Un Estatuto que garantiza en Cataluña el mejor autogobierno de su historia. Un Estatuto que, después del recorte efectuado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, como consecuencia del recurso interpuesto por el Partido Popular, habrá que recuperar y continuar desplegando a través de la acción política, parlamentaria y legislativa. Es la legislatura donde el grueso de los denominados papeles de Salamanca vuelve a Cataluña a pesar de la oposición y la obstrucción del Partido Popular. Y la legislatura de la ley de la memoria histórica, que recoge el reconocimiento a “todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura” y declara “ilegítimos” los tribunales franquistas y sus sentencias.
• Nueva financiación para Cataluña
Fruto de un gran esfuerzo político, iniciado justo después de la aprobación del Estatuto, en diciembre de 2009 se aprueba definitivamente el nuevo modelo de financiación. Un nuevo pacto fiscal para Cataluña que ha supuesto el mejor sistema de nuestra historia y ha puesto en evidencia tanto las deficiencias del anterior modelo pactado entre CiU y el PP como sus capacidades negociadoras. El acuerdo se aprueba con el voto en contra de CiU.
El modelo anterior había impedido que Cataluña pudiera disponer durante muchos años de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades, circunstancia que nos había hecho perder en competitividad y en cohesión social. De la liquidación de aquel año, ahora sabemos que Cataluña ha obtenido más de 2.400 millones de euros respecto al modelo anterior. El actual modelo garantiza, pues, no sólo que se cumplan las previsiones de cálculo efectuadas durante la tramitación del acuerdo, sino que incluso se haya llegado a superar.
Conseguimos un pacto fiscal que ha permitido multiplicar por diez los rendimientos obtenidos con el modelo negociado por CiU en el 2001 (las ganancias del modelo CiU-PP de 2001 fueron de 251 millones de euros y el pacto conseguido hace dos años han sido de 2.421 millones de euros sólo en el primer año de aplicación, 391 millones de euros más de lo previsto). Este pacto de carácter federal supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto a modelos anteriores y, por primera vez en la historia, deja a Cataluña significativamente por encima de la media en recursos por habitante (106% en 2009 respecto al 97% conseguido en el 2008 con el modelo anterior), implica más participación en los principales impuestos, limita la solidaridad reconociendo nuestro esfuerzo fiscal y es transparente con lo que aporta y recibe cada uno.
Es un acuerdo justo para Cataluña, necesario y estatutario. Perfectible, como todos. Pero que, a diferencia del anterior, prevé su actualización a partir del año 2013. Hará falta, pues, continuar trabajando.
• Medidas contra la crisis y en defensa del Estado del bienestar
En la segunda legislatura de la etapa Zapatero, el PSC vuelve a contribuir decisivamente a la victoria con casi un millón setecientos mil votos y 25 diputados, el mejor resultado de su historia en unas elecciones generales.
En todo este período, el gasto social ha pasado de representar un 49,4 por ciento del total del presupuesto en el 2004, a un 58 por ciento en el 2011. Se ha aumentado el salario mínimo en un 18 por ciento y las pensiones mínimas un 27. Se ha reforzado la protección social muy especialmente a las personas desempleadas, aumentando la cobertura y reforzando las políticas activas. Se ha doblado el presupuesto destinado a educación y aumentado la inversión en salud mejorando la calidad y la eficacia del sistema. Se ha puesto en marcha un sistema de promoción de la autonomía y la atención a la dependencia que ya está beneficiando a más de 700.000 personas, y se ha recuperado la función social básica de la vivienda, beneficiando a más de un millón y medio de personas y favoreciendo la emancipación de más de 300.000 jóvenes a través de ayudas al alquiler.
Desafortunadamente, esta segunda legislatura se ha visto marcada por el impacto de la mayor crisis económica mundial de los últimos 80 años. Una crisis que tiene su origen en el sector financiero y que ha acabado contagiando brutalmente la economía productiva mundial, española y catalana.
El Gobierno socialista ha llevado a cabo todas aquellas acciones que ha creído necesarias para hacerle frente, para paliar sus consecuencias, para mejorar la competitividad de nuestra economía, para impulsar su recuperación y para reactivar el empleo. Lo ha hecho por responsabilidad, en un momento de máxima dificultad. Intentando evitar que España corriese la misma suerte que Grecia y fuese intervenida. Lo ha hecho sabiendo que es mejor tomar las decisiones por nosotros mismos antes que las tomen otros por nosotros desde fuera. Lo ha hecho sin contar con el apoyo de la mayoría de los partidos de la oposición, que simplemente han querido sacar un rédito político. Y lo ha hecho con la única voluntad de no romper los equilibrios sociales básicos de nuestro mercado laboral y de nuestro modelo de bienestar.
Todas las medidas que se han llevado a cabo sólo han tenido como objetivo garantizar la igualdad, preservar los avances sociales conseguidos y asegurar su sostenibilidad futura. Ésta es la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular: para nosotros, la crisis ha servido para blindar las bases de nuestro Estado del Bienestar; para la derecha es sólo una magnífica excusa para recortarlo.
La proximidad temporal, la dimensión de las medidas adoptadas, el alcance internacional de la crisis y los problemas que ésta ha provocado en todo el mundo, impiden tener una perspectiva lo suficientemente nítida para valorar todo lo que hemos hecho y, sobre todo, por qué lo hemos hecho. La historia acabará juzgando el sentido de Estado, la altura política y la responsabilidad de un Presidente del Gobierno que ha adoptado medidas impopulares en tiempos difíciles, pero indispensables para preservar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar, poniendo por delante los intereses del país a los del partido. No pretendemos que se aplauda, simplemente que se valore.
El reto electoral: no nos resignamos, somos rebeldes y transformadores. Hemos sido decisivos y lo volveremos a ser
Los y las socialistas catalanes afrontamos este reto con la voluntad de volver a ser la fuerza política mayoritaria en Cataluña y aunque las encuestas no nos son favorables, no nos resignamos. Nos sentimos con la fuerza y el coraje necesarios para dar la batalla de las ideas, confrontarlas y volver a ganar estas elecciones, sabedores de que las únicas batallas que no se ganan son aquellas que no se libran.
Nuestro país y nuestro partido han demostrado en el pasado que somos capaces de afrontar situaciones muy difíciles y superar las dificultades. Lo volveremos a hacer. Creemos que podemos conseguirlo porque somos fieles a nuestros principios de izquierdas y federales, porque somos capaces de adaptarnos y gobernar los cambios que están sacudiendo todo el mundo, porque somos rebeldes y transformadores por naturaleza y no sabemos ni queremos resignarnos ante la adversidad. Porque hay mucho en juego. Porque podemos ofrecer un proyecto para la mayoría de los ciudadanos de este país. Y porque somos conscientes de que, a pesar de los avances conseguidos, ocho años de gobierno no son suficientes para corregir las injusticias creadas durante siglos.
Ofrecemos un proyecto realista, pero ambicioso. Un proyecto que afirma un catalanismo progresista, social, federalista y europeísta. Un catalanismo que trabaja con esfuerzo y firmeza con la esperanza de tener un futuro mejor.
La abstención, nuestra principal adversaria. De la indignación a la acción
Estas son unas elecciones difíciles -somos conscientes de ello-, donde la abstención es nuestra primera adversaria: la amenaza de una baja participación debida a la crisis económica, el paro, la desafección política, la crítica a los ajustes y las reformas del Estado, como la de los sistemas de pensiones, la reforma laboral o la reforma constitucional sobrevuelan este proceso electoral y afectan principalmente a los partidos de izquierdas.
Precisamente por ello, sabemos que los ciudadanos necesitan razones, argumentos, motivos para poder entender no sólo dónde estamos y cómo hemos llegado a esta situación, sino también para comprender por qué hemos tomado determinadas decisiones. Nos hace falta explicar qué efectos creemos que producirán las medidas adoptadas, qué hubiese pasado si no las hubiésemos tomado, admitir que hay cosas que quizás no deberíamos haber hecho y, sobre todo, qué propuestas ofrecemos para salir de la crisis económica en que nos encontramos.
Somos conscientes, también, que a la mañana siguiente de las elecciones será demasiado tarde para lamentarse. Porque hay mucho en juego, porque queda mucho por hacer y porque la derecha representada por el Partido Popular y CiU tiene muy claro cuál es la receta para salir de la crisis. Lo están demostrando allí donde gobiernan. Estamos viendo cómo recortan en bienestar, cómo reducen las prestaciones sociales, cómo dividen un país a través de la fractura social que provocan entre los ciudadanos. Y el coste de estas decisiones afectará a generaciones enteras.
No hay peor fractura que la social porque es el terreno abonado para las injusticias sociales y para la consolidación de las diferencias. Los y las socialistas somos la garantía de que no habrá involuciones en las políticas de bienestar. Continuamos siendo la garantía de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Y queremos demostrarlo una vez más.
Pero la desafección y el inconformismo no se resuelven con la indignación, sino con la convicción, la determinación y la acción. Es la hora de explicar qué hemos hecho y de confrontar modelos. Los socialistas somos la opción de la izquierda para gobernar y en un momento en que a pesar de las dificultades y las adversidades hemos sido capaces de mantener los fundamentos del Estado del bienestar de nuestro país, hay que dejar de estar a la defensiva ante los ataques de la derecha y pasar a la ofensiva, hay que dejar la indignación y la resignación y pasar definitivamente a la acción.
Realismo del presente y esperanza en el futuro
Pero primero tenemos que hacer un ejercicio de realismo en la interpretación de la realidad y de los hechos que están sucediendo. Un ejercicio de realismo para ganar en respeto y credibilidad ante la ciudadanía. Y para ello hay que escuchar. Escuchar mucho para tener un diagnóstico más ajustado de la realidad y de la percepción de la realidad que tienen los ciudadanos. Porque sólo si somos capaces de asumir la realidad, podremos ganar en confianza y credibilidad para que nuestro proyecto sea mayoritario.
Pero también habrá que explicar. Explicar y explicarnos. Explicar qué hemos hecho y qué queremos hacer. Ésta es la realidad que tenemos que afrontar. Tenemos un camino difícil por delante, porque hay que cambiar las bases de nuestro modelo productivo para poder dinamizar la economía, crecer más, crecer más fuertes y generar empleo. Y tenemos que decidir cómo queremos recorrer este camino.
Este es el momento de la responsabilidad, no de la resignación. El momento de afrontar el presente. El momento de hacer esfuerzos y sacrificios ante la adversidad, para poder conquistar un futuro mejor. El momento de la responsabilidad, del esfuerzo, del trabajo, del rigor y del futuro. Realismo del presente para poder tener esperanza en el futuro. Un futuro que será mejor y que nosotros podemos comenzar a impulsar.
Esperanza frente al voto del miedo, del catastrofismo, de la desesperación y del desconcierto que la derecha pretende instalar entre los ciudadanos en un momento de crisis con un discurso faltado de alternativa, pero de efectos devastadores.
Nosotros no engañamos a nadie. La crisis económica ha puesto de manifiesto que estamos no sólo ante un cambio de ciclo, sino ante la necesidad de un cambio de modelo productivo. Hay que modificar los patrones de crecimiento de nuestra economía. Unos modelos que os han hecho crecer de forma ficticia e irresponsable.
Hay que definir muy claramente cuáles son los caminos para salir de la crisis, como crear riqueza y generar empleo. Sin una respuesta clara a estas cuestiones no podremos ser creíbles ni generaremos confianza entre los ciudadanos, precisamente en un momento donde hay mucho en juego, y donde hay un riesgo evidente de involución en términos sociales que puede provocar una ruptura social sin precedentes y de efectos imprevisibles.
Y por ello hay que decir las cosas por su nombre, hay que admitir que la situación es delicada, que las salidas a la crisis que se han propuesto por parte de los diferentes gobiernos no son suficientes, ni adecuadas, y que no dan los resultados que se esperaban. Que seguramente hemos cometido errores en algunas decisiones que hemos tomado, porque comprometían a nuestro futuro, pero que todavía estamos a tiempo. Que podemos hacerlo mejor, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y del futuro de nuestro país.
Y es precisamente en este contexto que la socialdemocracia en Cataluña, en España y en Europa tiene el reto y la oportunidad de ofrecer sus recetas, sus propuestas y sus soluciones. Hay que abordar desde la izquierda la dimensión financiera de la crisis y de los movimientos especulativos que la provocan, en impedir que la aumenten, la perpetúen y se aprovechen de ella.
Hay que decir claramente que este es un momento de contención en el gasto público, de austeridad en las cuentas, de estabilidad presupuestaria, pero a la vez, que estabilidad no quiere decir recorte del Estado del bienestar, sino definir cuáles son las prioridades en los ámbitos del gasto, decidir cómo, cuánto y en qué se destinan principalmente los recursos públicos. Se trata de decidir qué queremos hacer y cómo lo pensamos pagar. En definitiva, de decidir qué estamos dispuestos a recortar y qué no. Entre todos y todas tendremos que decidir qué limites y qué márgenes queremos poner al Estado del Bienestar y, sobre todo, qué política fiscal tendremos que llevar a cabo en los próximos tiempos. Y no es indiferente quién lo decida, si la derecha o la izquierda.
Nada de lo que hemos hecho, de lo que decidimos o proponemos hacer será creíble si no va acompañado de una política fiscal, más justa, más equitativa, más redistributiva, que asegure que aquellos que más tienen contribuyan un poco más al esfuerzo colectivo para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la dinamización económica y la generación de empleo. Hace falta un pacto de rentas, un pacto de sacrificios y una nueva política fiscal que nos permita preservar la cohesión social y una sociedad más igualitaria. Y esto sólo lo podemos garantizar desde el socialismo.
Y también hace falta que ésta sea una respuesta unitaria. Una acción concertada entre todos los países coordinada por la Unión Europea. Europea puede haber sido una parte del problema que nos ha llevado hasta aquí. Pero Europa es y tiene que ser también una solución a la salida de la crisis económica. La apuesta para una Europa más fuerte desde el punto de vista político, económico y financiero es imprescindible. Esto implica una cesión de soberanía inevitable por parte de todos los Estados, una cesión que resultará beneficiosa para todos. Porque solos no saldremos de ésta. Ni nada de lo que Cataluña ni España puedan hacer no será nunca suficiente, porque el problema no es sólo local o nacional, es mundial y por tanto un país, por él mismo, no puede cambiar las reglas del juego. Hace falta, pues, apostar por relanzar la construcción de una Europa fuerte desde el punto de vista político, económico, fiscal y financiero.
Nuestras prioridades: igualdad de oportunidades, dinamización económica y generación de empleo
Vivimos un momento muy complejo que requiere de grandes compromisos. Un momento en que hay que evitar que haya situaciones de desigualdad, de privilegios, o de oportunismos. Y por ello no nos resignamos al discurso económico dominante que se presenta falto de alternativa: no todas las reformas son iguales y hay que diferenciar y explicar las que defendemos nosotros de aquellas que defienden las opciones conservadoras y neoliberales. El reformismo de izquierdas es un valor que defendemos y se tiene que activar al servicio de equidad, la competitividad, el valor del trabajo, la igualdad de oportunidades y el interés general.
Hay que contraponer el modelo neoliberal de la derecha española y nacionalista a nuestro modelo socialdemócrata. Y hay que hacerlo ahora, porque después de las elecciones será demasiado tarde. Hay que dejar claro que el déficit no es la causa de esta crisis económica, sino que es su consecuencia.
Queremos poner a disposición de la ciudadanía de Cataluña un proyecto de progreso, reformista, centrado en las personas, coherente con los principios de la izquierda y de la socialdemocracia. Un nuevo modelo que, además de eficiente y sostenible, sea más democrático y participativo. Un proyecto que tenga entre sus prioridades el combate contra las nuevas y viejas desigualdades sociales y, muy especialmente, las que se producen en los primeros años de vida y durante la vejez: el gobierno de la economía y del sistema financiero para continuar desarrollando las políticas de bienestar y de protección social, haciendo realidad una fiscalidad más justa que permita conseguir los recursos necesarios para garantizar la calidad y equidad en el acceso a los servicios públicos: un crecimiento respetuoso con el medio ambiente: garantizar la suficiencia y la eficiencia energética; construir una democracia más participativa y de más calidad; democratizar el acceso a la cultura y la defensa de los valores como eje de la convivencia y del progreso y, finalmente, un compromiso firme para conseguir la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres, especialmente en el ámbito de la organización empresarial.
Queremos construir una sociedad y un sistema económico que no condenen a la precariedad laboral y social a toda una generación. Nuestra prioridad son los más de 600.000 parados que actualmente existen en Cataluña, y las casi 100.000 personas que en la actualidad no están percibiendo ningún tipo de prestación y que están en riesgo de exclusión social. No nos podemos ni queremos permitir una generación perdida. Queremos que los y las jóvenes contribuyan en condiciones de igualdad al progreso económico y social de Cataluña, que sean protagonistas de su futuro, y para ello su formación es fundamental.
La defensa de las conquistas sociales
La construcción y la defensa del Estado del bienestar han sido siempre nuestra principal preocupación y prioridad. Lo han sido en momentos en que la evolución económica nos era favorable, y quisimos aprovechar para ampliarlas. Y lo son ahora, aún con más intensidad, cuando las consecuencias de la crisis han afectado a millones de ciudadanos. La necesidad de velar por la cohesión social es más necesaria que nunca.
Para poder sentirnos orgullosos como pueblo, también tenemos que tener dignidad como país. Y tenemos que saber que en momentos de dificultad económica como los que estamos viviendo, en los que mucha gente lo está pasando mal, no podemos dar ni un paso atrás en los avances conseguidos en políticas sociales. Un gran país es aquel que tiene dignidad, es aquel que no deja a nadie atrás en momentos de dificultad, es aquel que sabe preservar las políticas sociales que cohesionan a su gente. La lengua, el autogobierno o la financiación, son enormemente importantes, pero también la educación, la escuela, la salud, los hospitales, la formación de los jóvenes, la eliminación de las discriminaciones por razón de género, la atención de los niños, de las personas mayores y de las personas con dependencias. Los y las socialistas somos la garantía de que no habrá retrocesos en la educación, la salud y las políticas de bienestar. Son derechos universales e irrenunciables.
Queremos y podemos liderar el futuro
Ahora como nunca necesitamos una Cataluña fuerte, orgullosa de sí misma, capaz de salir hacia adelante. La Cataluña del progreso, de la vanguardia, de la modernidad y del avance. Cataluña puede liderar la salida de la crisis. Lo hemos hecho en el pasado y lo volveremos a hacer. Con esfuerzo, con creatividad, con dinamismo. Cataluña tiene bases sólidas para sortear las dificultades que tenemos por delante.
Tenemos los recursos necesarios, la fuerza de nuestro tejido productivo, la energía, la formación, la investigación, el valor añadido, nuestro capital humano, la competitividad de nuestras empresas y nuestra capacidad emprendedora e innovadora. Llevamos muchos años invirtiendo en nuestro país para afrontar los retos del futuro.
Cataluña tiene que recuperar su autoestima, la fuerza de su capacidad emprendedora y su modernidad, y tiene que erigirse como motor de España y de Europa en la dinamización económica y la creación de empleo. Porque el futuro no vendrá sólo: se tendrá que conquistar y tendremos que trabajar para tenerlo. Para tener un futuro de prosperidad, de igualdad y de cohesión social.
Pero, con todo, la mejora de la competitividad no es suficiente. Hará falta multiplicar los esfuerzos en las políticas de empleo, de educación, innovación, internacionalización, simplificación administrativa y de fomento a los emprendedores.
Nuestra economía necesita un entorno que facilite el desarrollo y la consolidación de nuevos proyectos empresariales. Hemos avanzado mucho, pero queremos continuar haciéndolo, con medidas fiscales, financieras y normativas que faciliten a los emprendedores y la actividad de pymes y autónomos, agentes clave para nuestro crecimiento económico.
La alternativa a los recortes: una política fiscal equitativa y redistributiva
Estamos profundamente comprometidos con la reforma de nuestro modelo productivo y con nuestro Estado del bienestar, hay que aumentar la producción y el empleo sin retroceder en los derechos sociales adquiridos, y esto implica preservar el sector público. Tenemos que tomar decisiones para recuperar una economía sana y competitiva, pero no podemos esperar a que ésta esté a pleno rendimiento para generar empleo. Tenemos que ir más rápido, Tenemos que correr más porque el empleo es una necesidad urgente. Y por ello tendremos que movilizar el sector público, pero también el sector privado, de forma que podamos crear empleo a un ritmo más rápido.
Y habrá que conseguir un acuerdo entre los sacrificios, para que no se acabe imponiendo, como siempre, la ley del más fuerte. Hay que repartir con justicia y equidad, el coste de la crisis entre todos los sectores de la sociedad, y no sólo entre los más vulnerables o más desfavorecidos. Tenemos una profunda vocación y voluntad transformadora, social y colectiva y por eso queremos hacerlo conjuntamente con los agentes económicos y sociales, sindicatos y empresarios.
Para garantizar la cohesión social es indispensable un cambio en la política fiscal en nuestro país. Para que todo lo que hemos hecho tenga sentido y sea coherente, nos hace falta una política fiscal más equitativa y redistributiva que consiga que aquellos que más tienen, contribuyan un poco más al esfuerzo colectivo. La configuración de un nuevo Impuesto de Patrimonio, la aplicación del Impuesto de Sucesiones, el endurecimiento de los impuestos sobre los rendimientos generados fruto de la especulación del suelo y sobre los vehículos financieros más opacos, tienen que centrar esta nueva etapa. Las tasas sobre las nucleares y sobre las emisiones de CO2, así como la austeridad en las administraciones públicas, el aumento de la eficiencia y la lucha contra el fraude fiscal, tienen que ser también una prioridad.
No estamos solamente ante un problema de déficit, sino principalmente de caída de ingresos, y eso hay que repararlo. Se puede cumplir con los objetivos de déficit haciendo las cosas de otra manera. Esto implica no renunciar a los ingresos y saber dónde se puede recortar y dónde no. Y nosotros tenemos muy claro que ni queremos ni nos podemos permitir prescindir de más recursos.
Hace falta, pues, garantizar que este esfuerzo lo hagamos todos juntos, sin dejar a nadie atrás, impidiendo que nadie se aproveche de la situación en beneficio propio, sin permitir situaciones de ventaja que provoquen desigualdades e injusticias difíciles de reparar. La crisis económica no puede ser la excusa para renunciar, resignados, a la red de solidaridad y de cohesión social que hemos construido con tanto esfuerzo durante los más de 30 años de democracia que nos identifica y que nos enorgullece. Éste tiene que ser un debate ideológico. Un debate de contraposición de modelos. Un debate de justicia.
La mejora de la calidad democrática
La inquietud y el malestar generados como consecuencia del impacto de la crisis económica ha provocado también que desde muchos sectores sociales se efectúe una mirada exigente a nuestro sistema político, reclamándole más ejemplaridad, transparencia y respuestas justas. Son expresiones de desafección política que evidencian un estado de ánimo que puede ser mayoritario, y precisamente por ello hay que tenerlas presentes y escucharlas con atención: en definitiva, reclaman el valor de la política y su dignificación.
Nuestra democracia está asociada a las mayores cotas de libertad y bienestar colectivo que nunca hemos tenido. Y este es un sistema que por su propia naturaleza de régimen abierto es perfectible, permeable, sensible a los cambios, a las demandas y a las reivindicaciones de los ciudadanos y las ciudadanas. Si hay democracia, hay cambio. Hay respuesta a los cambios políticos y sociales. Por ello lo tenemos que preservar. Y los y las socialistas lo sabemos mejor que nadie.
Hace falta, pues, continuar trabajando para promover todas aquellas mejoras que sean necesarias para recuperar la confianza hacia la política, reforzando la posición de la ciudadanía frente al poder y el conjunto de la sociedad. Tenemos que continuar trabajando para reforzar la transparencia en el ejercicio y el control del poder público. Y tenemos que continuar trabajando también en el refuerzo de la legitimidad democrática de nuestras instituciones.
La democracia es mejorable, ciertamente, y por ello nos tenemos que esforzar para tratar de mejorarla cada día, con reformas normativas y hábitos de conducta más democráticos. Lo tenemos que hacer porque nuestra responsabilidad es mayor en momentos de crisis y de incertidumbre. Y lo tenemos que hacer dando ejemplo de honorabilidad, dedicación, austeridad, proximidad y humildad.
La apuesta federal
Y todo ello queremos hacerlo a través del refuerzo de los mecanismos de colaboración y de lealtad institucional con el conjunto del Estado y la profundización de su organización territorial. Con una apuesta decidida para la construcción de una España federal que acepte sin reservas y sin complejos Cataluña como nación. Una España que reconozca que nuestra pluralidad nacional, cultural y lingüística es un patrimonio que hay que defender y promocionar.
Creemos que es el momento de hacer efectivos nuestros principios federales, tan vigentes como necesarios, y hacer compatibles todos los espacios en los que el PSC ha de tener presencia. Es el momento de impulsar la construcción de una España federal y el PSC se compromete a liderar con decisión y ambición este impulso.
Actuaremos como un verdadero partido federal. Por ello queremos plantear una agenda concreta de transformaciones en los diferentes ámbitos institucionales y parlamentarios y ofrecer a los ciudadanos y las ciudadanas un partido que actúe en clave federal, con cultura federal. Nos comprometemos a ejercer un federalismo real, exigente y comprometido.
El PSC es la fuerza política que mejor representa los intereses del catalanismo político en las Cortes Generales. Y queremos que continúe siendo así. Lo haremos amplificando nuestra voz en el Congreso de los Diputados, trabajando como siempre, en defensa de los intereses de los catalanes. Mejoraremos los mecanismos para garantizar una mayor visibilidad del trabajo político y parlamentario que llevamos a cabo los socialistas catalanes, una labor comprometida y responsable en beneficio del bienestar de los catalanes y las catalanas y en defensa de nuestro autogobierno. Impulsando instrumentos que permitan aumentar la eficacia de nuestra labor y la percepción que pueda tener la ciudadanía, sin que se resientan ni nuestra capacidad de incidencia ni nuestra eficacia política. Trabajando en defensa de Cataluña y garantizando en España la estabilidad de un gobierno de progreso. Sin oportunismos, sin instrumentalizar ni engañar a los ciudadanos de Cataluña. Continuaremos siendo el partido que defiende más y mejor los intereses de la mayoría de los catalanes y las catalanas.
Esta es la Cataluña por la que los socialistas nos comprometemos a luchar: una Cataluña cohesionada socialmente y ambiciosa nacionalmente en el marco de una España federal.
El futuro de Europa es el futuro de Cataluña y de España
El futuro de Europa es el futuro de Cataluña y de España
El mundo hace años que ha cambiado en su forma de progresar social, política y económicamente. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido los grandes instrumentos que han hecho posible estos cambios, pero no los únicos. Si alguna lección hemos aprendido de forma brusca y especialmente dramática con esta crisis es que mientras el mundo económico y las sociedades se habían adaptado más y mejor a estos cambios, la política y sus instituciones en todo el mundo se han quedado al margen de estos avances, hecho que ha provocado distancia y desafección respecto a los ciudadanos y la pérdida de soberanía sobre el poder económico y financiero. Las consecuencias de esta pérdida de influencia del poder político sobre los destinos del mundo se han hecho evidentes con la crisis financiera internacional y han repercutido gravemente en cuestionar las instituciones políticas y en el crecimiento de las distancias entre ricos y pobres y respecto a las clases medias. Incluso la asunción de responsabilidades y la distribución de los sacrificios como consecuencia de la crisis se ha visto afectada por este hecho, lo que ha resultado del todo injusto en términos globales.
Hace poco más de un año la economía mundial cerró el año 2009 en plena recesión económica. Hacía casi un siglo que este hecho no se producía. Y, aunque en otoño de 2008 el mundo consiguió salvar el riesgo de una depresión y del colapso financiero, lo cierto es que hoy, aún no estando técnicamente en recesión, muchos de los países afectados entonces todavía se encuentran en medio de una situación de severa crisis económica. Como es obvio, Cataluña, España y Europa en su conjunto, no han sido ajenos a esta situación, sino al contrario. Así, en Cataluña estamos ante uno de los momentos de nuestra historia reciente más complejos económicamente, pero también social y políticamente.
Cuando en septiembre de 2007 nuestra economía comenzó a evidenciar los primeros síntomas de agotamiento del ciclo expansivo, llevábamos casi siete años de crecimientos económicos significativos. Desde la explosión de la burbuja de las empresas tecnológicas a finales de los años noventa del siglo pasado y hasta 2007, vivimos uno de los períodos más largos de crecimiento económico ininterrumpido. En realidad, desde la crisis de 1992, España no había vuelto a encontrarse en una situación de crisis económica similar a la actual.
Pero hoy somos conscientes de que la crisis económica que todavía padecemos, una vez superada la recesión, ha sido y todavía es especialmente virulenta en nuestro país por diversos motivos.
En primer lugar, la crisis económica tal y como se presentó en sus primeros síntomas en otoño de 2007, parecía una consecuencia lógica y hasta cierto punto previsible, del agotamiento de un ciclo expansivo fundamentado en el espectacular crecimiento del sector inmobiliario en nuestro país. Se podía prever, entonces, una desaceleración gradual de nuestros ritmos de crecimiento durante unos años, para hacer las reformas y los ajustes necesarios para volver a crecer con fundamentos económicos menos dependientes del sector de la construcción.
Acotado en España y en el excesivo peso de la construcción en su modelo de crecimiento, esta desaceleración se podía interpretar incluso como una oportunidad para enderezar algunos de los desequilibrios más importantes de nuestra economía, como el excesivo déficit por cuenta corriente que financiaba y hacía posible el crecimiento de nuestra burbuja inmobiliaria, no con recursos propios, que no teníamos porque no ahorrábamos, sino con recursos de fuera del país.
En segundo lugar, la caída del principal banco de inversiones mundial, Lehman Brothers, en octubre de 2008 puso en evidencia la existencia de una auténtica crisis financiera internacional que se sumó a los problemas ya evidentes en España, con el añadido de la especial dependencia de nuestro país, respecto a los recursos financieros internacionales.
En tercer lugar, nadie supo prever aquella crisis financiera, ni de la forma que llegó, ni de la forma de producirse y contagiarse, ni las consecuencias a corto y largo plazo, una vez ya la teníamos aquí.
Y el mundo hizo un primer esfuerzo para luchar contra las consecuencias sin saber exactamente a qué se enfrentaba, sólo con las lecciones de nuestra historia económica más reciente, en las cabezas de los dirigentes políticos mundiales.
Así, desde finales del año 2008 y hasta la primavera de 2010, las economías occidentales, lideradas por Obama y Brown, optaron por priorizar la lucha contra la recesión económica, manteniendo el activismo gubernamental con políticas de gasto y de inversión y supeditando las políticas ortodoxas de reducción del déficit público a este objetivo. Durante los primeros meses de 2010, e incluso en los trimestres de 2009, parecía que la receta había tenido éxito y las economías occidentales más potentes comenzaban a recuperar crecimientos económicos positivos y fortaleza para arrastrar al resto.
Pero la explosión de la crisis de la deuda soberana griega, en mayo de 2010, supuso un punto de inflexión en la priorización de los objetivos económicos en Europa. Los elevados niveles de endeudamiento y déficit público griegos, y la crisis de confianza sobre la veracidad de sus datos oficiales, encubierta por alguna firma de prestigio internacional en la gestión de fondos de inversión, provocó dudas severas en los acreedores internacionales sobre la capacidad del país heleno de devolver su deuda.
Esta crisis de confianza se contagió, en gran parte por prejuicios e ignorancia, a las economías del sur mediterráneo europeo y acabó asfixiando incluso a Irlanda. A partir de aquel momento, en Europa toma el relevo del liderazgo económico el eje franco-alemán, que cambia las prioridades en política económica, fija como objetivo único la reducción del déficit público y supedita la lucha contra la crisis económica a este objetivo. Si bien es verdad que los Estados Miembros, una vez pasada la recesión, tenían que comenzar a hacer ajustes en el crecimiento del gasto, el déficit y, por tanto, el endeudamiento público, para adaptarse a una nueva realidad económica que no permitía los niveles de gasto anteriores a la crisis, también es verdad que ni todos necesitaban hacerlo de la misma forma, ni al mismo ritmo. En cambio, los mercados han ido poniendo prácticamente a todos los países, de forma irracional en muchas ocasiones, en la misma bolsa, a pesar del clamoroso fracaso de estos mismos mercados en la valoración del riesgo en otras ocasiones, como puso de manifiesto la crisis financiera internacional de 2008 que nadie previó.
Es este cambio de prioridades, por una parte, y la necesidad de reducir los crecientes niveles de déficit y endeudamiento provocados por la crisis, lo que obliga a las economías europeas, y en particular a la española, a tomar medidas urgentes y extraordinariamente duras, en cumplimiento de los compromisos tomados con el resto de socios de la Unión Europea, justo en el momento en que parecía que habíamos salido de la recesión y nos encaminábamos hacia la superación de la crisis económica y financiera.
El tiempo ha demostrado, especialmente con la segunda reestructuración de la deuda griega de este verano y con la nueva crisis de la deuda soberana vivida durante julio y agosto que afectó especialmente a España e Italia, el clamoroso error del cambio de prioridades económicas iniciado en la primavera de 2010 por la UE, sin distinguir entre las diferentes situaciones de los diversos Estados Miembros, en el mejor estilo de las superficiales, irracionales e interesadas firmas de rating de prestigio internacional. Aunque nuestra obligación es cumplir con las reglas y compromisos establecidos por el Club Europeo al que pertenecemos, nada nos puede hacer desistir de la opinión que la política económica europea durante el último año ha sido un fracaso, ya que no ha servido para el objetivo para el que fue pensada: restablecer la confianza de los mercados.
El mundo ha cambiado, es global en términos financieros y económicos, también en términos sociales y políticos, pero no tiene reglas globales que se puedan hacer cumplir. En este contexto, sólo saldremos de la crisis económica con más unidad europea y no cada uno por su lado. Sólo podremos salir con éxito de la crisis social y política con reglas globales compartidas que podamos hacer cumplir. Sólo así podremos generar confianza en la sociedad que son la política y los políticos escogidos por los ciudadanos, y no los mercados financieros, los que fijan el horizonte de nuestros destinos.
Desgraciadamente, a corto plazo no tenemos ni más ni mejor opción que mantener las duras medidas de reducción drástica del déficit público, si no queremos experimentar la incierta reacción de la UE y de los mercados financieros internacionales por un eventual incumplimiento en la disciplina fiscal seguida por los países de nuestro entorno, que nadie sabe dónde nos llevaría. Pero este hecho no nos puede hacer resignar a buscar y defender, desde hoy mismo, las soluciones alternativas que como ciudadanos europeos y socialistas creemos mejor para el progreso y el bienestar de nuestra sociedad.
También en Cataluña tendremos que continuar haciendo esfuerzos y sacrificios. Son y serán imprescindibles. Pero estamos convencidos de que el camino no es el de los recortes indiscriminados y la degeneración sin sentido de la arquitectura social de nuestro país. Y mucho menos cuando este desbaratamiento del Estado del bienestar se hace mientras se reduce la contribución de los que más tienen al esfuerzo colectivo. No se trata sólo de reducir el gasto, sino de hacerlo con criterios social y económicamente responsables, y a la vez, aumentar los recursos públicos para combatir la crisis, propiciando así el aumento de la contribución de los que tienen más posibilidades, como hacen los países de nuestro entorno.
Pero hay espacio para la esperanza y el optimismo. Cataluña tiene suficientes elementos para poder generar confianza en sus posibilidades de salir reforzada de la crisis.
Nuestra economía se caracteriza por tener una base industrial muy dinámica, propia de las regiones europeas más avanzadas, que no sólo ha hecho los deberes en estos años de crisis, sino que ha hecho más intensamente y mejor que los otros sectores de la economía, mejorando de forma significativa su productividad. Tenemos la economía históricamente más abierta de toda España. Un factor clave teniendo en cuenta que las exportaciones son y serán un factor fundamental para salir de la crisis. Estas exportaciones, además, son cada vez más intensivas en alto valor añadido. Nuestra capacidad de internacionalización se ha visto reforzada en los últimos años y cada vez tenemos menos miedo a buscar mercados para nuestros productos en cualquier lugar del mundo. A su vez, sectores maduros, pero en permanente innovación, como el turismo, todavía son una gran fuente de riqueza para nuestra sociedad. Por tanto, tenemos motivos para confiar en nosotros mismos, en nuestra sociedad civil y en nuestra gente.
Hay que continuar profundizando en las grandes reformas sociales y económicas necesarias para reformular un modelo de progreso social y crecimiento económico sostenible, basado en las nuevas fuentes de riqueza y bienestar de los países más avanzados del mundo y compatible con nuestras capacidades y recursos, estableciendo un rumbo donde los sacrificios sean compartidos de forma equitativa y proyectando un horizonte esperanzador que dé sentido a los sacrificios que tenemos que hacer hoy como sociedad.
Cataluña tiene bases sólidas para sortear las dificultades.Tenemos los recursos necesarios, la fuerza de nuestro tejido productivo, la energía, la formación, la investigación, el...
Cataluña tiene bases sólidas para sortear las dificultades.Tenemos los recursos necesarios, la fuerza de nuestro tejido productivo, la energía, la formación, la investigación, el valor añadido, nuestro capital humano, la competitividad e innovación.
Cataluña es y ha sido un ejemplo del progreso, de la vanguardia, de la modernidad y del avance. Cataluña puede liderar la salida de la crisis. Lo hemos hecho en el pasado y lo volveremos a hacer. Con esfuerzo, con creatividad, con dinamismo.
Cataluña tiene las bases sólidas para sortear las dificultades que vienen. Tenemos los recursos necesarios, la fuerza de nuestro tejido productivo, la energía, la formación, la investigación, el valor añadido, nuestro capital humano, la competitividad de nuestras empresas, y nuestra capacidad emprendedora e innovadora. Llevamos muchos años invirtiendo en nuestro país para afrontar los retos del futuro.
Cataluña tiene que recuperar su autoestima, su capacidad emprendedora, su modernidad, y tiene que erigirse como motor de España y de Europa en la dinamización económica y la creación de empleo. El futuro no vendrá sólo. Se tendrá que conquistar. Tendremos que trabajar para tenerlo, para que sea un futuro de prosperidad, de igualdad y de cohesión social.
Para hacerlo, la política económica y financiera es clave. Para crecer y para generar empleo. Hace falta una política fiscal más equitativa y redistributiva, más justa, que recupere el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y que legue los recursos adicionales que provienen del aumento de la fiscalidad a la generación de empleo. El paro es nuestra principal preocupación y la generación de empleo, nuestra prioridad.
La economía, pues, tiene que ser gobernada. No se puede permitir que los mercados continúen tutelando ni la economía ni las decisiones de nuestra democracia. Por ello es imprescindible el endurecimiento de los impuestos sobre los beneficios derivados de la especulación del suelo y sobre los vehículos financieros más opacos. Las tasas sobre las nucleares y sobre las emisiones de CO2, así como la austeridad en las administraciones públicas, el aumento de la eficiencia y la lucha contra el fraude fiscal, tienen que ser también una prioridad.
No podemos resignarnos ante la versión que está instalando la derecha neoliberal, de que la crisis económica que estamos padeciendo es culpa del elevado déficit público. Seguramente hay coas que no se han hecho demasiado bien, y que habría que mejorar, y la estabilidad presupuestaria es un principio en el que creemos y que implantaremos, pero el déficit actual, que es más privado que no público, es la consecuencia de esta crisis que está afectando a todo el mundo y no su causa, principalmente porque está provocando una disminución preocupante de los ingresos fruto de la poca generación de riqueza y actividad económica.
Hace falta, pues, repensar la fiscalidad de este país. Hace falta un pacto de rentas y un pacto de sacrificios que garantice que aquellos que más pueden contribuyan un poco más en el beneficio colectivo. Una fiscalidad más alta para aquellos que más tienen y que se invierta en la generación de empleo, la formación y la reactivación económica. Pero a su vez también hace falta la implantación de medidas que faciliten el acceso al crédito. Y la aprobación de medidas que permitan la reactivación de consumo interno y de las exportaciones. Para conseguir un Estado del bienestar avanzado, hay que conseguir que el nivel de presión fiscal sea, como mínimo, homologable a la media europea.
Hay que seguir apostando por nuestra industria con valor añadido, la automoción, la farmacéutica, la biomédica, la agroalimentaria, la química, el comercio y el turismo, como factores estratégicos de crecimiento.
Pero, con todo, la mejora de la competitividad no es suficiente. Habrá que multiplicar los esfuerzos en las políticas de empleo, educación, innovación, internacionalización, simplificación administrativa y fomento a los emprendedores.
Nuestra economía necesita de un entorno que facilite el desarrollo y la consolidación de nuevos proyectos empresariales. Hemos avanzado mucho, pero queremos continuar haciéndolo, con medidas fiscales, financieras y normativas que faciliten a los emprendedores y la actividad de pymes y autónomos, agentes claves para nuestro crecimiento económico. El empleo vendrá determinado en el futuro por el impulso de los emprendedores y de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas. No creceremos sobre las bases de las multinacionales ni de la Administración pública. Hace falta, pues, continuar apostando con decisión por la capacidad emprendedora de este país.
En este sentido, haremos una apuesta decidida para fomentar la creación de programas de actividades económicas que sean verdaderos centros de generación de empleo, de presente y de futuro.
• Elaboraremos un mapa de actividades económicas que ayuden al cambio de modelo productivo, que fortalezcan las bases de nuestra economía y que generen empleo estable, de calidad y con valor añadido. Haremos un plan de empleo individualizado para cada sector estratégico. Tantos planes de trabajo como sectores existan. Llevaremos a cabo un cambio que incentive prioritariamente el empleo sobre la economía verde y las energías alternativas, la biomedicina y la investigación y la innovación.
• Aprobaremos en los primeros meses de gobierno un plan que apueste decididamente por los emprendedores y autónomos de nueva generación, con la introducción de beneficios fiscales y cuotas a la Seguridad Social, de forma que constituyan un incentivo para su puesta en marcha. En este sentido, proponemos que durante los dos primeros años de actividad queden exentos del pago de cualquier impuesto derivado de la puesta en marcha de su actividad, así como la reducción del 50% de la cuota de la seguridad social de aquellos trabajadores que contraten.
Dirigiremos de forma muy especial nuestra acción hacia la juventud. Su formación y su empleo tienen que ser una absoluta prioridad para la próxima legislatura. La elevada tasa de paro juvenil y la altísima temporalidad son problemas capitales del conjunto de la sociedad española. El actual estado de las cosas comportará enormes consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas si como sociedad no somos capaces de dar una respuesta adecuada.
En consecuencia:
• Apostamos por un nuevo pacto intergeneracional que sitúe el acceso al mercado laboral de los jóvenes y un desarrollo sostenible en el centro de la acción pública. Inversiones e incentivos fruto de mecanismos de redistribución conjugado con una apuesta decidida para la formación y el combate contra el fracaso escolar nos tienen que permitir evitar la fractura generacional a la que nos aboca la actual situación.
El empleo es, pues, la prioridad más destacada de nuestra política y desde la sensibilidad que tenemos los y las socialistas hacia el mundo laboral, pensamos que la generación de empleo se tiene que ajustar a los actuales parámetros sociales europeos, que se basan en la protección de los colectivos más vulnerables, el respeto a los derechos laborales, el diálogo social, una base económica sólida, la formación de los más jóvenes, la mejora sostenible de la productividad y la igualdad de oportunidades de las mujeres.
• Trabajaremos en la puesta en marcha durante los primeros meses de la nueva legislatura, de un acuerdo estratégico para la internacionalización, la cohesión social y la competitividad de la economía española para el período 2012-2015. Este acuerdo, como sucede en Cataluña, será liderado por el Gobierno, en concertación con los agentes económicos y sociales representativos y consensuado con el resto de fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales.
Los y las socialistas defendemos el avance en el diálogo y la concertación con los agentes económicos y sociales a partir de instrumentos como el acuerdo estratégico, instrumento de decisión en política socioeconómica que promueve el progreso económico y el equilibrio social, y dota de más solidez los acuerdos que se toman. Por todo ello, y especialmente ante la necesidad de promover reformas y nuestra voluntad de que sean pactadas, impulsaremos un nuevo Acuerdo Estratégico 2012-2015 para sacar adelante de manera compartida los cambios que habrá que seguir desarrollando en nuestra economía para hacerla más competitiva, más sostenible y con más capacidad de crear empleo de calidad.
• Impulsaremos, durante el primer año de legislatura, la puesta en marcha de una nueva reforma del sistema financiero que incentive un compromiso real y efectivo de las entidades financieras con los problemas de escasez de crédito de empresa y familias para poder verse beneficiado con recursos y mecanismos públicos que garantizan la solidez, la solvencia y la autonomía política de las entidades financieras españolas.
• Trabajaremos para tener un sector financiero sólido en Cataluña y para potenciar un sector financiero catalán comprometido con el conjunto de la sociedad. Apoyaremos las reformas del sistema financiero en Europa y apoyaremos la demanda de gravar las transacciones financieras.
• Trabajaremos para reducir la deuda y la sobre deuda de las familias y los pequeños empresarios, a través de fórmulas que permitan renegociar las deudas y minimizar las consecuencias de los impagos.
• Priorizaremos el aumento de recursos públicos destinados a la formación profesional y ocupacional para profundizar y ampliar las capacidades y las habilidades de nuestros parados. Con una economía tan dinámica como la actual ya no podemos pretender producir puestos de trabajo para toda la vida. Tenemos que ofrecer todos los mecanismos que permitan a los trabajadores y trabajadoras mantener permanentemente las capacidades y habilidades necesarias para ser empleados potencialmente durante toda su vida profesional. Esto será especialmente útil en pequeñas y medianas empresas.
Haremos del pleno empleo y del empleo de calidad los objetivos del PSC en materia laboral. El trabajo continúa siendo esencial para la plena integración social de las personas y es la fuente primera de los derechos de ciudadanía al otorgar libertad individual y seguridad material.
Garantizaremos que los servicios de empleo públicos sean fuertes, de calidad y gratuitos, y estén en el centro de los instrumentos de lucha contra el paro, y coordinados con los servicios locales de empleo y los privados. En este sentido, apostaremos por la dimensión local del empleo, a través de la promoción de espacios de concertación entre los agentes del territorio y los ayuntamientos, y lo haremos acercando los servicios a la ciudadanía mediante la descentralización el trabajo en red en relación a las políticas activas de empleo como fórmula para impulsar la promoción económica local y la creación de puestos de trabajo en Cataluña.
Aseguraremos que toda persona en edad de trabajar tenga derecho a un asesoramiento personal de los servicios públicos de empleo de Cataluña a través de una cartera de servicios de empleo y de colocación públicos, permanentes y de calidad tanto para personas como para empresas, permitiendo de esta manera a toda la ciudadanía el acceso a los servicios en condiciones de eficacia y de igualdad.
Trabajaremos para garantizar más recursos procedentes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), como ya se ha hecho para los sectores del textil y la automoción, para facilitar la recolocación y asesoramiento laboral de personas trabajadoras despedidas en sectores en reconversión, con especial atención a la formación para la mejora de sus capacidades y competencias.
Apostaremos para conseguir y mantener una cifra máxima de contratos temporales del 12% por lo que respecta a los contratos en Cataluña, en línea con las economías europeas más desarrolladas.
• Tomaremos decisiones para favorecer que la política europea esté en el centro de la política económica española. Hay que hacer las acciones políticas adecuadas para la creación de Eurobonos, la implantación de la tasa Tobin, y ampliar los mandatos del Banco Central Europeo: el impulso definitivo hacia una gobernanza fiscal conjunta, y la creación de una agencia de rating independiente pública que acabe con el oligopolio de las agencias de rating existentes.
• Hay que repensar la fiscalidad actual. Introduciremos una tasa sobre las emisiones de CO2 imprescindible para reestructurar la economía y evitar una crisis energética y ecológica, a la vez que endureceremos los impuestos sobre el suelo y sobre los vehículos financieros más opacos (sicav, etc.). A su vez, hay que recuperar fórmulas de fiscalidad sobre el patrimonio y las grandes fortunas.
Tenemos que saber combinar la acción posible, sin renunciar bajo ningún concepto el Estado del bienestar que tantos beneficios ha supuesto. Nuestro principal compromiso ha sido y es...
Tenemos que saber combinar la acción posible, sin renunciar bajo ningún concepto el Estado del bienestar que tantos beneficios ha supuesto. Nuestro principal compromiso ha sido y es preservar la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades.
Los socialistas hemos sido los impulsores y los arquitectos de la construcción del Estado del bienestar. Todos los avances sociales que se han hecho en este país han sido siempre de la mano de los socialistas. Ni Cataluña ni España serían como son hoy sin nuestra acción. Y por ello la defendemos. Porque la hemos construido, por los valores que comporta de justicia redistributiva y de solidaridad y porque creemos que desde la acción de gobierno podemos seguir contribuyendo eficazmente en el desarrollo de un sistema de protección social y en una mejor distribución de las rentas.
Este sistema se basa, pues, en el desarrollo económico, la libertad de empresa y el apoyo a los emprendedores y, en paralelo, en la solidaridad redistributiva con impuestos progresivos en sistemas de protección de carácter universal y en la solidaridad intergeneracional.
La apuesta por las políticas sociales ha contribuido de manera determinante, durante los últimos años, a una mejora substancial de la calidad de vida de los ciudadanos, en el aumento de su esperanza de vida, en su nivel educativo y en su seguridad. A su vez, como sociedad, nos ha permitido conseguir altos niveles de cohesión social, territorial y de convivencia. Un bienestar que puede verse amenazado por la tentación de la derecha neoliberal de aprovechar el contexto actual de crisis económica para comenzar su desbaratamiento.
Ciertamente, estamos en un momento de grandes transformaciones económicas y sociales, algunas de las cuales tienen carácter estructural, hecho que obliga al socialismo del presente a avanzarse y proponer cambios fundamentales en las ideas, la gestión, la prestación de servicios, la financiación y la acción de gobierno.
La globalización lleva a desdibujar el poder del Estado como instrumento regulador, y cada vez hay un mayor espacio para el mercado de capitales que, con escasa regulación, operan en la dimensión financiera, completamente al margen de las consecuencias que estas dinámicas generan en la vida de las personas, que se puede ver abocadas a una situación de fragilidad por su dependencia total al mercado laboral y este, a su vez, a la coyuntura económica, en la que los Estados tienen un papel limitado. En este contexto, el principal riesgo es que la economía y sus dinámicas actúen al margen de las personas y de su forma de vida, sin respetar el vínculo que tiene que haber entre la economía y la sociedad, sin tener en cuenta el impacto personal y territorial, y, sobre todo, que acabe ignorando aquellos grupos más vulnerables y más frágiles de nuestra sociedad.
Ante esta situación, muchas voces de la derecha reclaman recortar el Estado del bienestar, con el desbaratamiento de los sistemas de carácter universal que lo fundamentan, manteniendo sólo unos servicios sociales al servicio de los más pobres, sobre la base de la defensa del mercado y la economía como elemento autor regulador de todos los desequilibrios y olvidando o minimizando el papel del Estado como elemento equilibrador. Estamos, pues, ante un modelo neoliberal, el pensamiento del cual puede llegar a convencer a aquellos que son o pueden convertirse en víctimas.
Con esta política se ignora que lo que se pone en riesgo es la calidad de vida del conjunto de la población y de la cohesión social, ya que menguar el Estado, que no es lo mismo que racionalizarlo, produce un efecto perverso en el aumento de las desigualdades entre personas y grupos más vulnerables. Este aumento de la desigualdad tiene efectos también en el conjunto de la población en la medida que introduce elementos de incertidumbre y de contención en el acceso, el uso y la calidad de los servicios básicos como la salud, la educación, las pensiones, los servicios sociales, es decir, el conjunto del estado protector a través de las políticas sociales.
Ante esta situación los socialistas tenemos que saber combinar la acción posible, sin renunciar bajo ningún concepto al Estado del bienestar que tantos beneficios ha comportado. Nuestro principal compromiso ha sido y es preservar la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades conquistada durante estos años de democracia.
Por todo ello, y especialmente en los momentos de mayor dificultad en que se pueden producir situaciones de fractura y exclusión social, tenemos que continuar trabajando en la preservación y la defensa de la salud, la educación, los servicios sociales, la sostenibilidad y la dignificación del sistema público de pensiones, la economía social y la corresponsabilidad social. Si con la excusa de la crisis económica renunciamos a la red de solidaridad y de cohesión que con tanto esfuerzo hemos construido los socialistas en los últimos treinta años, acabaremos empobrecidos y sin futuro.
La salud, un derecho universal
La situación de crisis económica ha llevado a un endeudamiento importante, que será necesario disminuir en los próximos años y de forma especial en los países de la Unión Europea. En momentos de dificultades, la tentación de la derecha es reducir de forma mecánica el sistema existente y recortar linealmente las partidas presupuestarias dedicadas a la salud de forma proporcional al volumen invertido. Esto no es lo que han hecho los gobiernos del PP en España y de CiU en Cataluña. Nosotros, los socialistas, no sólo nos oponemos frontalmente a este método, sino que somos la única garantía para impedir cualquier involución.
La crisis económica es una excusa perfecta para la derecha para recortar y desbaratar el Estado del bienestar y, sobre todo, nuestro sistema de salud. De hecho, en Cataluña estamos viendo cómo el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo una reconversión encubierta del sistema. Pero es precisamente en estos momentos cuando los gobiernos de izquierdas tenemos que actuar con responsabilidad y plantearnos la necesidad de encontrar soluciones o nuevos enfoques que permitan garantizan la asistencia sanitaria universal con los máximos estándares de calidad. Los socialistas somos conscientes de que esta situación es una oportunidad para modelos innovadores en la prestación del servicio de salud que pongan al ciudadano en el centro del sistema y que nos permitan abordar los retos del futuro inmediato. Para la derecha es sólo la excusa para recortar.
Esto nos obliga a liderar un pacto con los profesionales, los ciudadanos y los pacientes, que nos permita avanzar hacia una adaptación del sistema sanitario a la realidad demográfica y socioeconómica actual. Un pacto que sirva para mejorar la eficiencia en la gestión sin disminuir la calidad de los servicios.
Hay que tener presente también la relevancia de la salud en el progreso económico y social. El “sector salud” crea economía local, autonómica y global, y permite conjugar los sectores primario, secundario y terciario. Hay que potenciar la investigación y la innovación en salud para colaborar en el cambio de modelo productivo. Muchos sistemas de salud de los países desarrollados están planteando actualmente una mayor implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones, un cambio real de la relación con los profesionales y un modelo donde los pacientes tengan más participación en el cuidado de su salud.
Necesitamos una mejor política de izquierdas para garantizar una mejor gestión y así poder ofrecer una mejor atención sanitaria a todos los ciudadanos que garantice la calidad, la accesibilidad y la equidad.
Por todo ello ofrecemos las siguientes propuestas:
• Formalizar una cartera de servicios de acuerdo con las posibilidades actuales del SNS con el máximo consenso en toda España.
• Aumentar la transparencia de los resultados en salud (como por ejemplo en las listas de espera) potenciando la posibilidad de compartir datos entre centros y comunidades tanto económicos como asistenciales.
• La importancia de la atención a la cronicidad en cuanto a su magnitud, riesgos y utilización de los servicios públicos nos obliga a considerarla uno de los temas más importantes de nuestra agenda y a continuar avanzando hacia el papel de la enfermería y la educación del paciente con programas de pacientes expertos.
• Impulsar el proceso de humanización: la atención centrada en las personas.
• Fomentar la aplicación generalizada de las políticas de barreras arquitectónicas en todos los centros asistenciales y la mejora de la intimidad del paciente, creando “entornos amables”.
La educación: invertir en formación es invertir en nuestro futuro
Los socialistas siempre hemos considerado la educación como un elemento estratégico prioritario de nuestra acción política, para avanzar en la consecución de una sociedad mucho más avanzada y justa. Es por ello, que cuando hemos gobernado hemos conseguido, en un espacio muy breve de tiempo, metas importantes en la mejora y modernización de nuestro sistema educativo. Partimos del convencimiento de la importancia de la educación para la cohesión y la igualdad de oportunidades y también como factor estratégico para la reactivación económica.
Somos conscientes de que el escenario actual de incertidumbre, que se dibuja en el contexto económico internacional, nos obliga a ser muy rigurosos desde el punto de vista presupuestario, y tendremos que buscar el máximo de eficiencia en nuestras propuestas. Resulta muy evidente que, en este camino hacia la sociedad del bienestar y del conocimiento, para impulsar la transformación del tejido productivo y para afirmar la cohesión y la justicia social hace falta que la educación ocupe un lugar preeminente y estratégico.
En momentos de dificultades se tienen que impulsar, más que nunca, aquellos proyectos que representan un revulsivo para la mejora educativa y, por extensión, un reactivo importante para los agentes educativos, pero también para los sectores sociales y económicos. Todo lo que pasa en la educación tiene importantes consecuencias, y a todos los niveles, en todos los ámbitos de la vida social y económica del país. Por tanto, cuando un gobierno recorta en educación está restando futuro y competitividad a su país y a su ciudadanía.
Para avanzar en una economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de conseguir un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una cohesión social mayor, hay que avanzar en la formulación de una educación renovada. A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que esta evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y para poder responder a los retos que se derivan.
La educación tiene que ser la respuesta social y económica para la salida de la crisis y el eje de una nueva economía al servicio de la cohesión social, arraigada en el conocimiento y la competencia. La educación genera también una importante actividad económica a su alrededor y puede resultar un importante agente activador y también constituir la base de un nuevo modelo de crecimiento sostenible basado en la formación de las personas, en el conocimiento y en la capacidad de innovación. Por estas razones, la educación tiene que ser prioritaria dentro de las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas.
La sociedad y la comunidad educativa tienen que ver a los socialistas como referente de este período de cambio y tenemos que hacer patente nuestra capacidad de liderazgo. Somos el partido de la innovación, la imaginación, la creatividad y el talento. Valores que tenemos que presentar como nuestros en contraste con las otras opciones políticas con posturas conservadoras de signo diverso, que inmovilizan el sistema y que representan con sus planteamientos un lastre para la educación.
Tenemos por delante el reto de hacer posible al mismo tiempo dos objetivos fundamentales: la equidad y la excelencia educativas. Porque la verdadera calidad educativa hay que medirla en estos términos con independencia de las diferencias culturales, económicas y sociales de que parten las y los alumnos. La equidad y la excelencia del alumnado son la garantía de éxito y la calidad futura de nuestro país.
La modernización de nuestro tejido productivo, la respuesta a la salida de la crisis, la cohesión social y la igualdad de oportunidades pasan por garantizar la estabilidad normativa de la educación e implementar políticas adecuadas para profundizar en los objetivos de una legislación, impulsada por los socialistas, muy ambiciosa y netamente progresista.
Sólo una mejora de los resultados educativos de todo el alumnado puede garantizar la cohesión social y la consolidación de una nueva ciudadanía diversa, pero también arraigada en un mismo proyecto colectivo. Hay que garantizar que todo el alumnado consiga el éxito en la enseñanza obligatoria y asegurar su continuidad en la formación postobligatoria, reduciendo las tasas de abandono prematuro de los estudios.
Nos encontramos todavía lejos de los objetivos fijados por la estrategia europea 2020. Aún y así, en los últimos años de gobiernos progresistas ya se comenzaba a detectar un cambio de tendencia, tal y como se deriva del estudio del último Informe PISA que sitúa los resultados obtenidos en un nivel similar o, en algunas comunidades autónomas, superior a los de la media de los países de la OCDE, y también en la observación de algunos indicadores objetivos como el incremento de graduados en educación obligatoria y de los alumnos matriculados en la educación postobligatoria. Así pues, hay que continuar con los niveles de inversión y con las políticas reformistas que iniciamos ya que se comienzan a comprobar sus resultados positivos.
Por todo ello, nos comprometemos a:
• Avanzar en la escolarización equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin ningún tipo de discriminación, donde todos los centros tengan los mismos derechos y deberes, garantizando el acceso a la educación en condiciones de equidad. Se trata, en última instancia que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación y garantizar una escolarización sin exclusiones haciendo realidad el carácter complementario de las dos redes escolares desde el respeto a la singularidad de cada centro.
• Exigir y hacer cumplir las leyes que permitan el libre acceso a la educación gratuita. La educación gratuita es el instrumento que integra los centros públicos y los centros privados concertados, para garantizar la igualdad de oportunidades.
• Que la integración lingüística continúe siendo la base de la integración escolar. Sólo desde el conocimiento de lo que es posible abrirse a las otras realidades y reconocer sus singularidades. Nos opondremos firmemente a cualquier propuesta educativa que implique la separación del alumnado en centros y en grupos por razones derivadas de su lengua habitual.
• Priorizar la modernización del sistema educativo sobre tres ejes: autonomía, dirección y evaluación. El objetivo para una nueva educación del siglo XXI tiene que ser el de dotar con el máximo de instrumentos, y recursos los centros y a la vez de fomentar los compromisos de las familias en la educación de sus hijos, así como el del resto de la sociedad económica, civil y cultural.
• Impulsar planes educativos de zona para avanzar en la mejora de resultados educativos, en la corrección de las desigualdades de origen y abordar con garantías de éxito la integración escolar del alumnado con necesidades educativas específicas.
• Formación Profesional: incrementar los perfiles técnicos de estudios profesionalizadores que nos demandan los nuevos sectores económicos. Hace falta promover los convenios con la empresa para la adaptación a la oferta en cada entorno, y profundizar en la eficiencia y la eficacia de los recursos que movilizan.
• Un nuevo impulso de las TAC: del aula de informática a la informática en el aula. El uso del apoyo digital pone a disposición de profesores y alumnos más recursos metodológicos, herramientas mucho más dinámicas y flexibles, para la evaluación y el seguimiento del alumnado y para la atención a la diversidad, y abre nuevas posibilidades para comunicarse con las familias y con los propios alumnos.
Sistema público de pensiones
Para los socialistas la garantía de un sistema público de pensiones es consubstancial a la construcción de nuestro Estado del bienestar conjuntamente con la educación y la salud.
Las dos legislaturas del Gobierno Zapatero se han caracterizado por un esfuerzo de dignificación de las pensiones mínimas en nuestro país. Un acto de reparación histórica después de haber sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo durante la etapa de Gobierno del Partido Popular. Ciertamente, durante los ocho años de la era Aznar (1996-2004), las pensiones sólo se revalorizaron un 4,5%.
El Gobierno socialista ha sido determinante en su afán de ponerlas al día y ha llevado a cabo su revalorización, en un acto que es de justicia. Esta revalorización ha afectado principalmente las pensiones mínimas, las de cuantía más baja, hasta el punto que desde el 2004 se han subido un 51%. De esta manera, su poder adquisitivo ha aumentado en el período 2004-2011 un 27%. Además, el importe de la pensión mínima en el conjunto del Estado se ha subido un 39% en estos años. Este esfuerzo ha permitido que más de un millón y medio de catalanes se hayan podido beneficiar de ese aumento.
En la última parte de esta legislatura el Gobierno ha tenido que afrontar una reforma necesaria de nuestro modelo para garantizar su viabilidad. La reforma del sistema público de pensiones se ha hecho en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el acuerdo de los agentes sociales, que han actuado en todo momento con un alto sentido de la responsabilidad.
A pesar de la demagogia electoralista utilizada por el Partido Popular, esta reforma pretende fortalecer el sistema ante el aumento demográfico y la esperanza de vida y de los cambios sociales de las próximas décadas, establece los mecanismos para eliminar cualquier riesgo de desequilibrio financiero y garantiza las pensiones del futuro. Es decir, hemos llevado a cabo una reforma que blinda el sistema público de pensiones y garantiza su dignidad y sostenibilidad futura.
Sistema de dependencia
En relación al sistema de atención a la dependencia, proponemos:
• Elaborar un Plan General de coordinación sociosanitaria, en consenso con las CC.AA. y la participación de los operadores sociales y económicos.
• Revisar la efectividad de la aplicación de la Ley de Autonomía personal y Atención a la Dependencia e incrementar la cooperación público-privada, la acción preventiva y aumentar la atención de las personas en su domicilio. Para todo ello es necesario:
o Revisar la financiación e introducir aspectos como los costes de los servicios en función del territorio.
o Elaborar el libro blanco de la autonomía personal, en el marco de la ley, para hacer efectivo su espíritu de favorecer la libertad personal en las decisiones que puedan afectar su vida y la independencia personal.
Servicios Sociales
Los servicios sociales son competencia de las CC.AA. Siempre hemos rechazado la idea de una ley de bases de servicios sociales que comprometiera a todo el mundo en un modelo de atención y prestador de servicios básicos. El instrumento del que disponemos es el Plan concertado de las prestaciones básicas, que es un pacto vigente desde el año 1982 entre el Estado, las CC.AA. y los ayuntamientos, la finalidad del cual es definir los mínimos niveles de atención y la financiación de los servicios sociales de atención primaria implantados en el conjunto del territorio. Es el primer nivel de atención a los ciudadanos.
• Proponemos elaborar el catálogo de prestaciones de servicios sociales en el marco del Plan concertado de las prestaciones básicas aumentando progresivamente su financiación, con el fin de que las entidades locales puedan ejercer sus funciones de atención, orientación y ayuda de aquellos ciudadanos que lo demanden.
Tercer sector social
De todos es sabida la importancia del tercer sector en nuestra sociedad, sobre todo en Cataluña, que consigue cerca de 4.000 entidades, organizadas en asociaciones, federaciones, confederaciones y la denominada mesa del tercer sector. Su actuación es fundamental para la vertebración de la acción social y para la integración de las personas con mayor fragilidad.
Para ello nos proponemos:
• La elaboración de un plan estratégico del tercer sector que permita modificar la Ley de Subvenciones y aspectos fiscales en la Ley de Contratos del Estado. Y en este marco, reconsiderar el modelo del 0,7% incorporando su territorialización y las preferencias del ciudadano en el destino de sus fondos: no solamente iglesia u otras finalidades, sino proyectos concretos.
• La crisis económica nos obliga a reflexionar sobre las condiciones del mercado laboral, cada vez más fluctuantes. Estamos ante una situación de cambio constante que genera unos niveles de estrés importantes en las familias. La red social y familiar que les daba apoyo también se ha ido debilitando. Cada CC.AA. dispone de una Renta Mínima de Inserción (RMI), como último recursos para situaciones de gran vulnerabilidad.
Por eso es el momento de unir esfuerzos y garantizar una renta básica de ciudadanía que cubra, como derecho, los espacios temporales existentes entre el trabajo y el desempleo, sin que la persona y familia se vea amenazada por la exclusión social, muchas veces de difícil retorno. Cualquier plan de exclusión social tendría que contemplar unos niveles mínimos de ingresos no vinculados al trabajo para poder sobrevivir.
Inmigración
Cataluña y España, como toda Europa, están viendo modificada su demografía y estructura de población por los movimientos migratorios originados por las desigualdades económicas y sociales existentes en el mundo, y por las necesidades de los recursos humanos de nuestro sistema productivo, especialmente en los últimos años.
Las migraciones actuales se inscriben en un nuevo ciclo migratorio, surgido durante los últimos años del siglo XX, que es fruto de los cambios en la división internacional del trabajo y que da como resultado un nuevo contexto social que justifican la necesidad de actuaciones políticas que contemplen la transformación del tejido ciudadano en nuestro país.
Es importante tener en cuenta que estos cambios, de dimensión estructural y alcance global, se manifiestan y tiene lugar en el mundo local. La gestión de la inmigración comporta la gestión del fenómeno visible del proceso de diversificación local, vinculado a la globalización.
Estamos ante un cambio de composición sociocultural, demográfico y económico que afecta a muchos aspectos de la vida colectiva de las personas, sistemas de organización y formas de convivencia, y hay que adaptar, nuestra sociedad y la capacidad de respuesta de las Administraciones Publicas y de la ciudadanía a esta nueva configuración.
En la actualidad, nuestra sociedad se puede ver como un modelo pluralista, una sociedad que planea sobre la base de una cultura de los derechos que tienen todos los ciudadanos, pero también en los deberes que están obligados a cumplir.
Los valores fundamentales de una sociedad organizada, y en cada uno de sus ámbitos territoriales: ciudad, región, estado, es la cohesión social y la convivencia que, al lado de la justicia y la solidaridad, dan sentido a la organización del Estado y a sus entidades y recursos públicos.
En consecuencia los Estados, las regiones, las ciudades han de tener políticas que aseguren el estado de derecho y el estado del bienestar en una sociedad como la actual aceleradamente cambiante, entre otros factores, a causa de los movimientos migratorios.
La integración, la convivencia y la cohesión social, son, pues, nuestros objetivos, acompañados de una política de control de flujos migratorios, de regularidad, de lucha contra las mafias y trata de seres humano. Los acuerdos y la cooperación con los países emisores son fundamentales para asegurar la devolución de las personas, sobre todo menores.
Por todo ello proponemos:
• Llevar a cabo acciones de integración de todos los ciudadanos y ciudadanas, a través de diversos ámbitos.
o La escuela como principio de un proceso de aprendizaje y formación que facilitan los procesos de inclusión. El aprendizaje de las lenguas oficiales del Estado en la comunidad será un factor clave de integración.
o La empresa, desarrollando políticas de empleo que faciliten el acceso al mundo laboral y que garanticen una formación continua.
o La escalera, vivienda, barrio, como el primer espacio donde se desarrollan los procesos de convivencia y de relación entre los miembros de una comunidad.
• Que el plazo para la obtención de la nacionalidad española sea de seis años en lugar de los diez actuales, ya que el permiso de larga duración se expide a los cinco años de residencia y trabajo.
• El derecho de sufragio en función de la situación de residencia continuada y no por el lugar de origen. Esta selección del derecho a voto en función de los acuerdos de reciprocidad puede fomentar el sentimiento de exclusión y de no responsabilidad al impedir el voto a personas residentes de larga duración y con los países de origen de los que no se haya podido establecer convenio o no existan gobiernos democráticos.
• Consolidar el Fondo de apoyo para la acogida e integración de las personas inmigrantes, destinado a los ayuntamientos, en el marco del PECI (Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración), que permite las buenas prácticas en materia de proyectos de integración y convivencia y transferirlas al conjunto de territorios, a la vez que también permite realizar proyectos de proximidad de carácter comunitario. Esto permitiría elaborar en el ámbito estatal un modelo de integración en materia de inmigración y convivencia, de acuerdo con las CC.AA., los Ayuntamientos y la participación de las organizaciones y los agentes sociales.
Economía social
No podemos dejar en el apartado de políticas sociales de apostar en aquella que tiene quizás un mayor peso en la cohesión social o territorial, en la seguridad y el bienestar de las familias, que es la inserción social a través del trabajo y generación de recursos propios. Se trata de desarrollar la Ley de Economía Social, de marzo de 2011. A más economía social, más posibilidades de inclusión económica y social de las personas y grupos y más niveles de auto organización comunitaria.
El Gobierno tiene que impulsar todavía más una política pública de economía social que la proteja y la desarrolle y como instrumento para incidir en la superación de la crisis. Es la economía basada en la democracia. Los socialistas apostamos por contemplar la actividad económica ligada a los principios éticos y políticos.
Por todo ello proponemos:
• Elaborar un Plan Director de la Economía social, con las CC.AA., ayuntamientos, agentes sociales y especialmente el CEPES.
• Articular los mecanismos necesarios para que la Economía Social participe en todas las administraciones, se diseñen políticas públicas (ley), de manera que sus representantes estén presentes en la Fundación Tripartita, para la formación en el Empleo, en el Consejo General de Formación Profesional, en el Consejo Escolar del Estado, así como en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
• Desarrollar ayudas que permitan una ágil transformación de empresas de compra útil en cooperativas o sociedades laborales.
La universidad tiene que ocupar un papel central en el cambio de nuestro modelo productivo.Continuaremos trabajando por una Cataluña dinámica,moderna,emprendedora,que dé espacio a...
La universidad tiene que ocupar un papel central en el cambio de nuestro modelo productivo.Continuaremos trabajando por una Cataluña dinámica,moderna,emprendedora,que dé espacio a la investigación,innovación,parques científicos, centros tecnológicos,...
Las universidades catalanas han tenido un papel pionero a la hora de impulsar procesos de análisis, reflexión y formulación de nuevas propuestas para hacer frente a los nuevos retos sociales, culturales y económicos, y en este sentido, han sido modélicas como la elaboración y publicación del Libro blanco de la Universidad de Cataluña en 2008. Asimismo, el Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación y los consiguientes planes han contribuido a consolidar Cataluña como uno de los principales polos de conocimiento en Europa.
De las universidades se espera que promuevan el pensamiento crítico, el conocimiento humanístico y el progreso de la ciencia, que sean competitivas en el ámbito internacional, y que se sitúen en posiciones de vanguardia en la atracción de talento y transferencia de conocimiento. También se les pide que la formación y el conocimiento que generan se ajuste a la demanda de los que tienen que ofrecer un trabajo y las necesidades de los sectores productivos y empresariales.
Queremos que de nuestras universidades salgan los mejores titulados, que se generen los mejores proyectos de investigación y que se transfiera a los sectores productivos la mejor tecnología y conocimiento para contribuir al desarrollo individual y colectivo para conseguir las mejores cotas de bienestar social y crecimiento económico sostenible.
La universidad tiene que ocupar un papel central en el cambio de nuestro modelo productivo. Continuaremos trabajando por una Cataluña activa y dinámica, moderna y emprendedora, que genere oportunidades y dé espacio a la investigación y a la innovación, que fomente y proteja a los emprendedores, las universidades, los parques científicos y los centros tecnológicos y de investigación.
Invertir en conocimiento, en investigación y en formación es invertir en capital humano y en nuestro futuro. Durante esta legislatura se ha invertido más que nunca en investigación y desarrollo, más del doble que en los gobiernos del Partido Popular. En Cataluña tenemos ocho universidades públicas y cuatro privadas, 39 centros de investigación participados por la Generalitat, 24 parques científicos y tecnológicos, siete centros tecnológicos y 12 grandes infraestructuras de investigación, que son referencia dentro y fuera de España. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Cataluña tiene que continuar siendo un referente en España, en Europa y en el mundo.
Entre los años 2004 y 2011 los gobiernos socialistas españoles han impulsado cambios de gran transcendencia para la modernización e internacionalización del sistema universitario y de investigación con la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU 2007) y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI 2011). También la Estrategia Universidad 2015, la Estrategia Estatal de Innovación y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología constituyen verdaderos instrumentos de planificación estratégica en el marco del Triángulo del Conocimiento y de la programación de la política universitaria, científica y de innovación del Gobierno, compartida por las universidades, las administraciones educativas y científicas y los agentes sociales.
Entre los objetivos conseguidos en los últimos años en relación a la dimensión social de la Educación Universitaria destacamos la plena implantación de las nuevas titulaciones de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior en el curso 2010-2011, tal y como estaba previsto; el incremento de becas y ayudas al estudio; un 20% de los estudiantes de educación superior beneficiarios de beca o ayuda; un 107% más en recursos, y la incorporación de nuevas modalidades, como la beca salario o los préstamos renta. Para la promoción de la excelencia académica las líneas de actuación principales se han centrado en la nueva regulación del doctorado y el programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), en que las universidades catalanas han sido líderes en la capacidad de establecer prioridades de agregación e internacionalización, y han obtenido las mejores calificaciones en las dos convocatorias celebradas. De los 23 proyectos CEI del Estado, siete son con universidades de Cataluña.
Hay que continuar trabajando en esta dirección, y por todo ello proponemos:
• Reconocer el esfuerzo y el rendimiento académico, la promoción del talento y la creatividad, las vocaciones científicas y tecnológicas, los valores de los emprendedores.
o Extender las medidas de equidad y conocimiento del rendimiento académico: becas salario para estudiantes a tiempo completo y préstamos renta a toda la Educación Superior (FP superior, enseñanzas artísticas y deportivas, estudios universitarios); movilidad, y transformar los préstamos en becas como incentivo al rendimiento académico excelente.
o Conseguir un 2% del PIB en gasto total en Educación Superior y el 30% de estudiantes universitarios con beca o ayuda al estudio.
o Presentar un plan de apoyo a la vida del estudiante, que mejore la gestión de ayudas y apoyo al estudio y los servicios como alojamiento. Modernizar el parque de alojamientos universitarios.
o Facilitar la dedicación de los estudiantes a tiempo parcial, para compatibilizar el estudio y trabajo, mediante la figura reglada del estudiante dual (estudio-trabajo remunerado) con la declaración voluntaria de dedicación a tiempo parcial.
o Hacer efectiva la transferencia de las becas universitarias en Cataluña y en base a la normativa estatal que permite a los gobiernos autonómicos una vez realizados los traspasos hacer uso de los intervalos de los lindares de renta familiar, establecer los criterios de renta variable que hagan posible la incorporación de más estudiantes catalanes al sistema de becas y ayudas en condiciones de igualdad.
• Máxima atención al equilibrio empleabilidad-empleo. Mejorar la empleabilidad de los titulados facilitándoles el acercamiento a las oportunidades de empleo y la transición al ámbito profesional y laboral.
o Facilitar a las universidades la creación de unidades de inserción laboral y gestión de las prácticas universitarias externas, los acuerdos con los que ofrecen el trabajo y la colaboración entre universidades, administraciones, instituciones y empresas.
o Incentivar la movilidad dentro de la geografía española como resultado de la diferenciación y especialización de la oferta académica y para garantizar el acceso a las opciones de estudio de los estudiantes tanto de grado como de máster. Mejorar todavía más los programas de movilidad europea e internacional para incentivar la empleabilidad internacional.
• Más participación en la definición de las estrategias de mejora universitaria y menos burocracia en la gestión. Mejorar la gobernabilidad y la eficacia en la gestión, mediante la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
o Promover la simplificación administrativa y reducción de la burocracia en los procesos de acreditación y evaluación de titulaciones y profesorado, impulsando acuerdos entre las agencias de evaluación, en base al reconocimiento mutuo y la aplicación de estándares internacionales de calidad.
o Revisar los instrumentos tecnológicos de los procedimientos administrativos relacionados con el profesorado y extender el silencio administrativo positivo.
o Promover un sistema universitario más eficiente con la mejora del rendimiento de cuentas y los sistemas de participación en la toma de decisiones.
• Para la nueva economía del conocimiento: calidad y excelencia al servicio de la sociedad. Pactos entre sectores generadores de conocimiento y sectores productivos que generan empleo y riqueza económica.
o En la línea del programa CEI, incentivar para que los mejores proyectos CEI compitan a nivel internacional.
o Promover acciones para que un 10% de las universidades españolas se sitúen entre las 200 mejores del mundo.
o Establecer un sistema de adscripción de los centros de I+D de excelencia (centros red CERCA, otras fundaciones como las del ámbito sanitario en CAT, centros del CESIC,…) en las universidades para favorecer la visibilidad internacional y la competitividad de la producción científica y tecnológica nacional.
o Poner en valor las infraestructuras científicas desarrolladas en los últimos años especialmente en Cataluña (sincrotrón Alba, supercomputadora Mare Nostrum,…) y las estructuras de transferencia de conocimiento y promoción de la innovación (Centros Tecnológicos, parques Científicos y Tecnológicos), mediante la elaboración de un plan de intensificación de su labor, la evaluación de la eficiencia del sistema de transferencia de conocimiento y valorización a las universidades por parte de un comité de expertos mixto sector público-sector privado.
La inversión en infraestructuras es esencial porque contribuye a la dinamización económica de un país, y a la generación de empleo mientras se realiza su construcción; por tanto,es...
La inversión en infraestructuras es esencial porque contribuye a la dinamización económica de un país, y a la generación de empleo mientras se realiza su construcción; por tanto,es clave para la recuperación económica, especialmente en momentos de crisis.
La inversión en infraestructuras es esencial porque contribuye a la dinamización económica de un país, y a la generación de empleo mientras se realiza su construcción; por tanto, es clave para la recuperación económica, especialmente en momentos de crisis.
Las infraestructuras son importantes también porque vertebran un territorio, lo cohesionan social y territorialmente porque garantizan la movilidad de sus ciudadanos y mejoran su competitividad en el ámbito industrial, turístico, logístico, etc. Los socialistas lo sabemos mejor que nadie, y por eso en los últimos años hemos invertido en Cataluña como nunca antes en la historia.
El déficit de infraestructuras del transporte viario y ferroviario en Cataluña ha sido especialmente grave debido a la configuración del modelo de España radial que imperó durante demasiado tiempo. En los últimos años, gracias al Estatuto y al impulso decidido del Gobierno socialista en España y de los gobiernos progresistas en la Generalitat se ha superado este agravio histórico mediante diversos acuerdos básicos que determinan cuáles son las inversiones necesarias para Cataluña y su programación para los próximos años.
La gravedad de la crisis económica ha provocado que algunas de estas infraestructuras e inversiones se hayan ralentizado o paralizado. Priorizaremos, por tanto, la ejecución de aquellas infraestructuras programadas y planificadas, de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental, económica y social y, especialmente, de aquellas que beneficien la movilidad colectiva de personas y mercancías. Es por ello que en los próximos años hace falta un impulso definitivo a la red ferroviaria.
En este ámbito priorizaremos:
• La apuesta por un modelo de infraestructuras en red. La concepción moderna del sistema de transporte se fundamenta en el funcionamiento en red frente a un modelo radial históricamente implantado en España. Garantizaremos un modelo mucho más eficiente e intermodal.
• La apuesta por un modelo descentralizado de las redes de transporte viarias y ferroviarias. La implementación del modelo en red comporta el papel que tienen que llevar a cabo las diferentes administraciones. Por tanto, articularemos los mecanismos necesarios para determinar que sólo correspondan al Estado la titularidad y gestión de aquellas carreteras y vías de ferrocarril que forman parte de las redes transeuropeas del transporte. La titularidad del resto de vías, según su funcionalidad, corresponderá a la Generalitat de Cataluña o a los ayuntamientos. Por ello proponemos un nuevo modelo de planificación integrada, una nueva distribución de responsabilidades y un sistema de cooperación eficiente entre las diferentes administraciones.
• El impulso al desarrollo de redes de conexión que enlacen los grandes núcleos de población, centros productivos y nuestros puertos con Europa, como elemento imprescindible de dinamización económica y de competitividad de nuestra industria. En este sentido, nuestra gran apuesta para la próxima legislatura es continuar con la construcción del corredor mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa, con la unión de los puertos de Tarragona y Barcelona. El gobierno actual ha corregido el olvido de este corredor durante los años de Gobierno del PP con el apoyo de CiU y ha invertido 3.800 millones de euros. Continuaremos con su ejecución e impulsaremos su inclusión en la red básica transeuropea del transporte.
• La apuesta para facilitar las conexiones de los puertos de Cataluña y otros grandes centros productivos con el ferrocarril de ancho UIC, utilizando mecanismos de colaboración público-privada para agilizar el desarrollo de estas infraestructuras estratégicas y fundamentales para la recuperación económica.
• La aplicación de una política de incentivos fiscales para aquellas empresas que ejecuten inversiones ferroviarias que tengan interés público para fomentar la colaboración privada en la modernización de la red.
• Garantizar el marco adecuado de financiación que permita mantener el nivel de inversiones actuales del Estado de Cataluña que prevé el Estatuto a través de los instrumentos normativos más adecuados (convenios, planes,…).
• Continuar mejorando las infraestructuras de movilidad cotidiana que afectan a los desplazamientos diarios de la gran mayoría de los ciudadanos mejorando principalmente la red de Cercanías, mejorando las estaciones, modernizando las vías, las catenarias y la señalización.
• Liberalizar el transporte de personas y mercancías por ferrocarril en aquellos servicios de transporte que no sean catalogados como obligaciones de servicio público, como son las Cercanías. Garantizaremos que la Generalitat pueda llevar a cabo plenamente sus competencias sobre el servicio de Cercanías y media distancia. Y también garantizaremos que esta competencia sea financiada por el Estado de la misma manera que se financia el autobús o el metro en las grandes ciudades.
• La apuesta por la introducción de la Euroviñeta aprobada por la UE, ya que, aunque su implantación no es obligatoria, será necesaria para no perjudicar al sector del transporte de nuestro país respecto a nuestros vecinos en términos de competitividad. Una parte de los recursos recaudados tendrá que revertir al sector, para su modernización e innovación, y otra al mantenimiento de la red de carreteras estatales y autonómicas.
• Una vez conseguido el objetivo de que el aeropuerto de Barcelona sea gestionado de manera individualizada y autónoma y en el que las instituciones catalanas tienen un papel determinante, completaremos el modelo consiguiendo también, una gestión individualizada y autónoma de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell.
La propuesta política de los socialistas debe incluir el fomento del crédito responsable, un rol más estricto de los organismos públicos de control del consumo hipotecario y la...
La propuesta política de los socialistas debe incluir el fomento del crédito responsable, un rol más estricto de los organismos públicos de control del consumo hipotecario y la necesaria regulación del sobreendeudamiento de las familias y de las personas.
La grave situación de familias y de personas a causa del endeudamiento
La actual situación de crisis económica afecta de manera especial al ejercicio del derecho a la vivienda a un número considerable de ciudadanos y de ciudadanas de Cataluña y de España, debido a la pérdida de su vivienda habitual por la falta de empleo y la reducción de la renta familiar. Más de 50.000 ejecuciones hipotecarias en Cataluña y 350.000 en el conjunto de España, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, definen el difícil panorama para un sector importante de la ciudadanía.
Corresponde a los socialistas dar respuesta a la demanda ciudadana sobre el conflicto de las hipotecas desde tres ámbitos: el fomento de la política de alquiler social (no superior al 30% de los ingresos de la renta familiar) para aquellas personas que quieran acceder a una vivienda digna; la instrumentalización de mecanismos de mediación entre los usuarios y las entidades bancarias, que permitan la continuidad de uso de la vivienda en caso de dificultades para hacer frente a la hipoteca y, por último, la promoción de nuevas medidas (legislativas y/o normativas) para mejorar las condiciones para el deudor en el proceso de ejecución hipotecaria.
Por otro lado, la propuesta política de los socialistas tiene que incluir el fomento del crédito responsable, un rol más estricto de los organismos públicos de control del consumo hipotecario y la necesaria regulación del sobreendeudamiento de las familias y de las personas, principal causa de la fractura social que ha desvelado la crisis.
Las prioridades políticas sobre la vivienda en un marco de contención presupuestaria
Las nuevas políticas de vivienda han de centrarse en la resolución de cuatro temas básicos: la reducción del stock de viviendas vacías, la mejora de las condiciones del parque construido y el fomento de la vivienda de alquiler como elemento clave para el acceso a la vivienda de las nuevas familias y/o los jóvenes en proceso de emancipación, a los contingentes de nuevos trabajadores, etc., y la preservación y preparación de las reservas de suelo público para las futuras políticas de vivienda, combatiendo la especulación y la corrupción que pueden generar las intenciones liberalizadoras de la derecha del PP y de CiU.
Un amplio marco de intervención en el ámbito urbano
Esta política de mejora de las condiciones de acceso a la vivienda tiene que encajar en una política más amplia de política urbana que incluya la mejora integral de los barrios de nuestras ciudades, tomando como referente la acción del Gobierno de Cataluña en esta materia a partir de la aprobación de la ley de barrios y la puesta en marcha de sus siete convocatorias, la preservación y ampliación de las reservas de suelo para nuevas necesidades de vivienda social en los nuevos crecimientos y el estímulo a la rehabilitación del parque construido de viviendas, en especial, para garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética, y como generador de actividad económica y de empleo.
Un esfuerzo de concertación con las administraciones autonómicas y locales
Habrá que dotarse de mecanismos ágiles para consensuar estas políticas con las administraciones autonómicas y locales. Es inconcebible una acción de intervención integral en barrios sin el consenso con el mundo municipal. Por otro lado, en un momento económicamente difícil para las haciendas locales y autonómicas, la aportación de fondos estatales puede hacer viables un número importante de intervenciones de gran valor social, económico y territorial.
Por ello proponemos:
• La profundización en la política de fomento del alquiler. Ampliar y fomentar las políticas que favorezcan el alquiler, como instrumento básico de las políticas públicas para el acceso a la vivienda, y a destinar la mayoría de recursos de los planes públicos de vivienda.
• La aprobación de una nueva legislación hipotecaria y contra el sobreendeudamiento de las personas y de las familias. Nos dotaremos de una nueva regulación para mejorar la situación de las personas afectadas: dotación de un fondo para garantizar el acceso a la vivienda de alquiler: legislación sobre la mediación con las entidades financieras para mantener el usufructo temporal de la vivienda por parte del deudor y modificación de la legislación hipotecaria, de enjuiciamiento civil, etc., para establecer nuevas condiciones de la ejecución hipotecaria con mayor protección para el consumidor; garantizar la independencia del procedimiento de tasaciones de los intereses financieros, etc.
• La revisión de régimen hipotecario para equilibrar las posiciones de las partes, regulando la dación en pago como forma de liquidación de la deuda. En cualquier caso daremos prioridad a la conservación de la vivienda familiar y reforzaremos el sistema de regulación de los embargos hipotecarios para asegurar protección a las familias.
• La atención de los abusos sufridos por tantas familias como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y que ahora no pueden hacer frente al pago de su vivienda a través de un trato integral de la insolvencia del consumidor; incentivaremos la existencia de la opción de la dación en pago para nuevas hipotecas para permitir que las familias puedan acogerse a esta opción si así lo desean.
• El impulso de una política pública de intervención integral en barrios. Impulsar una política estatal, coordinada con las CC.AA. y los ayuntamientos, para llevar a cabo proyectos de intervención integral en barrios y áreas que necesitan atención especial. Dotarse de un fondo público específico.
• La dinamización del mercado de la vivienda. Estimular mediante diversas medidas (reducciones fiscales, ayudas a la compra, de copropiedad pública, etc.) la reducción del parque de viviendas vacías, de forma concertada con las CC.AA. y los ayuntamientos.
• La mejora del parque construido, fomento de la eco-rehabilitación y reactivación del sector de la construcción. Destinar un porcentaje mayoritario de los recursos del Plan Estatal de la Vivienda al fomento de la rehabilitación de viviendas, en especial para incrementar su accesibilidad y reducir la pobreza energética, mejorando la calidad del parque ya existente y apostando por la revalorización residencial de la ciudad construida.
Hay que avanzar en una política ambientalmente ambiciosa y responsable,que incorpore el desarrollo sostenible ambiental,social y económico,los valores de responsabilidad,equilibrio...
Hay que avanzar en una política ambientalmente ambiciosa y responsable,que incorpore el desarrollo sostenible ambiental,social y económico,los valores de responsabilidad,equilibrio en las relaciones con la naturaleza,ahorro,eficiencia y cambio de modelo.
Los socialistas siempre hemos defendido valores que dan sentido a nuestros proyectos personales y colectivos: la libertad, la igualdad de oportunidades y la solidaridad que se han expresado en lo que se ha conocido como los pilares del bienestar: educación, salud y servicios sociales para todos.
Con estas garantías, en las últimas décadas nos dimos cuenta de que no bastaba, porque el desarrollo industrial que tantas ventajas ha comportado también fue acompañado de un deterioro del aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica. Se han transformado y destruido ecosistemas y el uso de recursos naturales –sobre todo combustibles fósiles y nucleares contaminantes y acabados- supera los que el propio planeta dispone o puede generar. Así, la crisis actual no es tan sólo financiera, sino también de modelos productivos y de consumo insostenibles que tenemos que cambiar. Añadamos el consumo desordenado y excesivo de suelo y de agua, la proliferación de residuos de todo tipo sin tratar y la fabricación de alimentos sin suficientes garantías que requieren de una nueva concepción de la vida y de la organización social.
Todos estos problemas aún no se han resuelto. Más aún, las políticas neoliberales que han venido no dándole importancia en el pasado continua ahora anteponiendo en demasiadas ocasiones el beneficio económico por encima de la seguridad y la salud de los ciudadanos.
Es por ello que hay que avanzar, como hemos hecho desde el año 2004, en una política ambientalmente ambiciosa y a la vez responsable, que incorpore el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y económica; los valores de la responsabilidad; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; el ahorro, la medida y la eficiencia en el uso de los recursos; un cambio del modelo productivo para aprovechar sectores y actividades sostenibles; la investigación de nuevas formas de consumo, producción y transporte; una reforma del sistema financiero y fiscal que tenga en cuenta las repercusiones de las actividades productivas en el medio y encaminada a substituir las actividades insostenibles y la investigación en nuevos productos sin impacto en la salud y en la conservación del planeta.
Por todo ello proponemos:
• Impulsar el aumento de las energías renovables promoviendo la creación de un tejido industrial competitivo sobre la denominada economía verde, con un importante potencial de exportación, internacionalización y creación de empleo. Impulsar una política industrial encaminada al desarrollo de todas las tecnologías vinculadas a las energías renovables. Una política encaminada a fomentar nuevos productos y que apueste por un nuevo modelo de negocio en el sector energético que aproveche las oportunidades de los nuevos mercados. Nos comprometemos a crear un fondo público del clima y la energía para financiar este cambio de modelo.
• Establecer un objetivo de un 33% de energías renovables para el 2020.
• Establecer un modelo regulatorio transparente, sólido, estable y predictible en el futuro que garantice el precio de venta sin modificaciones en un período largo de tiempo que dé seguridad a las inversiones a largo plazo que requiere el sistema energético.
• Reformar la actual Ley de la Energía para adecuar los modelos energéticos a los nuevos retos y objetivos del siglo XXI (reducir la dependencia energética, equilibrios de balanzas comerciales, el coste de importación de energía, la apuesta por las tecnologías a partir de fondos renovables).
• Establecer indicadores de precios transparentes y previsibles para que el sector privado afronte las inversiones de un cambio de modelo energético.
• Mantener los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 para no perder la carrera de las nuevas tecnologías.
• Completar una red de transporte que conecte el sur del mediterráneo y el norte de Europa. Ampliar la capacidad REE de integrar más renovables. Crear innovación en la gestión de redes. Abordar el desarrollo de la energía eólica marina y otras tecnologías a partir de programas que facilite la obtención de licencias.
• Substituir progresivamente la energía nuclear, con el compromiso que las centrales nucleares ubicadas en Cataluña dejen de operar no más allá del año 2027, lo que implica el cierre escalonado de los reactores una vez cumplan los 40 años de vida útil para los que fueron diseñados.
• Aplicar estrictamente los resultados de las pruebas de estrés en las centrales nucleares en la implementación de las medidas de seguridad, de forma que la renovación de las licencias de operación por parte del Gobierno, teniendo en cuenta la edad del parque nuclear español, sea por cinco años.
• Establecer un impuesto a la energía nuclear de 0,0037 euros Kwh, por generar residuos.
• Resolver definitivamente el almacenaje de los residuos de alta actividad.
• Racionalización y eficiencia energética: hacer que las redes de transporte, distribución y comercialización de energía sean más inteligentes y permitan la generación distribuida y la optimización de la gestión de la misma mediante la gestión integrada de la demanda, eficiencia energética, gestión y acumulación (vehículos eléctricos, generación eléctrica en los propios edificios, etc.).
• Revisar y establecer sistemas de fiscalidad ecológica y social que permitan gravar actividades que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, incentivando las externalidades positivas, sociales y ambientales.
• Gestión del agua: trabajaremos para una gestión sostenible que se fundamente en el principio de que el agua es un bien limitado y en la gestión del agua con políticas de control de la demanda y no de aumento de la oferta. Continuar con las políticas de impulso de un consumo responsable y ahorrador, la reutilización y la desalinización y haremos una gestión integrada de los recursos de las propias cuencas, sin recurrir a trasvases entre cuencas hidrográficas, siguiendo así los principios de lo que se ha venido en denominar la Nueva Cultura del Agua y cumpliendo estrictamente la directiva europea 2.000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en la política de aguas y la ley 11/2005 de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. En esta línea, remarcamos nuestra oposición a cualquier nuevo trasvase de la cuenca del Ebro.
También apostamos por reducir la presión sobre los acuíferos subterráneos, evitando la sobreexplotación de sus recursos. También reforzaremos los controles de los vertidos contaminantes, a la vez que continuaremos mejorando los procesos de depuración de las aguas residuales tanto de origen industrial como urbano.
Cultura federal, más cultura y calidad democrática
Cultura federal, más cultura y calidad democrática
Cultura federal, más cultura y calidad democrática
Con la llegada de la democracia, España pasó progresivamente de ser un Estado unitario a un Estado descentralizado formado por Comunidades Autónomas con elevadas capacidades legislativas y de gestión. En esta dirección la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña en el año 2006 ha supuesto un salto cualitativo en nuestro autogobierno, a la vez que ha supuesto la renovación de un acuerdo de convivencia con el resto de España. En definitiva, ha permitido avanzar en una concepción federal del Estado.
Al mismo tiempo, nuestro país ha ido integrándose en las instituciones europeas que se han convertido ya en un nivel de gobierno adicional. En un mundo cada vez más interrelacionado y heterogéneo se aprecia más el valor de la gobernabilidad supraestatal. El protagonismo de la UE en el diseño de políticas de gran impacto para los ciudadanos es ya un hecho irrefutable. De hecho, la Unión Europea toma decisiones que afectan, hoy, a más del 80% de la legislación de Cataluña y España, que generan repercusiones directas en el conjunto del territorio y de la población, y cada vez incide más directamente en la gobernabilidad económica y financiera, así como en la elaboración de los presupuestos nacionales.
Rechazar el proyecto europeísta y la Unión Europea por sus políticas regresivas y neoliberales no puede ser una solución. Los y las socialistas, a pesar de ser muy críticos con el actual desarrollo de la Unión Europea, creemos que es un ámbito de gobernabilidad necesario para afrontar muchos retos mundiales que no pueden tener respuesta sólo en el ámbito local, y por ello pensamos que hay que mantener una participación activa en las instituciones comunitarias para hacer posible otra Europa más progresista y cercana a la ciudadanía y a sus territorios, y que es fundamental conceder más importancia a la pedagogía sobre la Unión Europea, su historia y sus valores europeos. Las políticas socialdemócratas tienen que ser las que marquen el futuro de la Unión Europea y para ello hace falta más implicación.
Nuestra apuesta, como socialistas, para una Unión fuerte también viene de lejos. Los daños que la globalización puede suscitar como el aumento de las desigualdades, la exclusión o la precariedad no son males ajenos a nosotros, sino al contrario, es el motor y la razón de ser de un partido socialdemócrata europeo. La izquierda tiene que contribuir a reforzar los mecanismos de gobernabilidad política, económica y financiera supranacional a nivel mundial, con el objetivo de gobernar la globalización y reducir progresivamente las injusticias que ésta genera. Trabajar por la justicia social para dar forma a un nuevo modelo de crecimiento económico será un eje fundamental de nuestra acción de gobierno.
A escala local, los Ayuntamientos ya hace mucho tiempo que sobrepasaron sus competencias mínimas para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. La correlación competencial y financiera no ha sido abordada seriamente. Simultáneamente hemos mantenido las diputaciones provinciales, ahora con perspectiva de transformación en Consejos de Veguerías, y hemos creado otros entes locales como son las comarcas.
Más de 30 años después, el sector público en su conjunto no ha sido repensado en su integridad, ni completada su adaptación a esta realidad multinivel, donde diferentes administraciones públicas conviven y comparten competencias y todas han de tener como último horizonte el servicio al ciudadano. Nuestra sociedad no es homogénea y no lo será. Esta complejidad, donde los problemas a los que nos enfrentamos son globales, requiere de respuestas de la misma dimensión. El enfoque estrictamente estatal que hacemos las fuerzas políticas y sobre todo los medios de comunicación evitando la complejidad de los asuntos internacionales ofrece una imagen falsa de la realidad.
Los principios que tienen que operar en este nuevosescenario son: la eficiencia en la escasez y el saneamiento de la economía (porque el paradigma de crecimiento continuado se ha acabado), la búsqueda de la unión y la suma ante la incertidumbre (porque solos seremos más débiles), el debate y el diálogo, la cohesión y la capacidad de acuerdo (porque entenderse y cooperar es fundamental).
Por ello nos tenemos que dirigir hacia un sistema institucional y social fundamentado en la cultura federal y una mayor internacionalización, guiado por los principios de la cooperación, la coordinación y la subsidiariedad, el acuerdo y la acción multiregonal y multinivel, porque los retos y los desafíos lo son. Este sistema es el que mejor responde a la España y a la Europa real y al nuevo orden mundial. Por ello es tan importante el fortalecimiento de la legitimidad democrática de Europa y de sus instituciones. Es primordial la promoción de una Unión Política Europea más integracionista, para dar apoyo a los gobiernos europeos a la hora de dar respuesta a los problemas globales.
El federalismo, pues, no es sólo una teoría política, ni una propuesta de entramado institucional. Es el momento de tomar una concepción federal como algo ideológico, como un auténtico ideario político, como una manera de entender el mundo, con más necesidad que nunca de defender y transmitir valores federales, de respeto a la diferencia, de tratar “al otro” como a un igual. En el PSC hace muchos años que lo defendemos, para España y para Europa, y reafirmamos nuestro compromiso europeísta e internacionalista, conscientes de que no hay un proyecto de progreso para España al margen de las propuestas de gobernabilidad europea y global.
En el PSC creemos en una Europa federal como creemos en una España federal. Y la verdadera apuesta por el federalismo, en España, tiene que hacer posible el objetivo de la doble afirmación de Cataluña y España, ante aquellos que creen que sólo se puede afirmar Cataluña fuera de España y de aquellos otros que piensan que sólo se puede afirmar España negando y excluyendo a Cataluña. Se trata, de hecho, de un objetivo que ya acompañó la Transición y que inspiró el propio pacto constitucional.
Para el PSC, pues, el federalismo tiene que permitir fundamentar de manera inequívoca la integración de Cataluña en España en el reconocimiento de su personalidad nacional y de su autogobierno. En definitiva, tiene que hacer posibles las aspiraciones nacionales de Cataluña en España y en Europa frente al independentismo y el nacionalismo centralista español.
El PSC tiene que ser el partido federalizador, el partido que impulse y lidere la propuesta federal del PSOE, y la apuesta decidida para la construcción de una verdadera España federal. En la concepción de la organización territorial, en la aproximación a las relaciones y negociaciones entre gobiernos, en el diseño de un pacto fiscal y federal, y en las reformas institucionales necesarias que visualicen esta cultura y ambición federal.
El federalismo es una propuesta para el presente y para el futuro inmediato. La única aproximación viable para esta realidad compleja e indefectiblemente interconectada. Es asimismo, la más coherente con los valores socialistas. Sólo con la defensa honesta de un planteamiento federal (donde se parte de la igualdad en libertad y del pacto entre iguales), podremos transformar la realidad y conseguir que esta cultura política sea compartida también con la ciudadanía.
Con todo, el cambio más substancial y palpable corresponde a la ciudadanía, que ya no se ve a ella misma como un sujeto pasivo. Los ciudadanos reclaman, con fuerza, más participación en la toma de decisiones y la transparencia en la gestión para tener un auténtico rendimiento de cuentas. Los ciudadanos reclaman reducir las cargas administrativas a aquellas que sean estrictamente necesarias y estén justificadas por el interés general y exigen toda la transparencia y la máxima claridad sobre las actuaciones que se realizan con fondos públicos y, por tanto, con sus impuestos. Hay que abordar esta labor por su propia influencia en la legitimidad de la democracia y del sistema político-institucional.
Solamente saldremos de la crisis con un proyecto de fortalecimiento de la ciudadanía y de regeneración política. El mundo confió sólo en los avances tecnológicos y en los expertos que, ya hace tiempo que sabemos que no es infalible: tenemos cenizas volcánicas que paralizan todo el tráfico aéreo, centrales nucleares arrasadas por tsunamis o una economía voluble e imprevisible supuestamente en manos de los mejores economistas, banqueros y empresarios del mundo. La política vuelve a ser reclamada para dar respuestas. Pero sólo lo podrá hacer si es capaz de sumar los diferentes niveles de gobierno y lo hace con el conjunto de la ciudadanía. La implicación de todos es imprescindible.
Ahora bien, la política no puede ser sólo la gestión de los males posibles, de las amenazas que nos atenazan, la gestión de los miedos. El PSC quiere ofrecer nuevos imaginarios, nuevos horizontes de deseos y de sueños, proyectos que todos juntos podremos conseguir y esto pasa por trabajar por la justicia social y por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
No habrá buenos gobiernos, ni calidad democrática, si no hay una buena ciudadanía y una ciudadanía de calidad. El reconocimiento por parte del sector público de las propias limitaciones, y la petición de corresponsabilidad es un acto de honestidad necesario.
En un mundo donde las desigualdades son menores se vive mejor, es un mundo más justo y más feliz. Somos un partido político progresista y de izquierdas que quiere promover cambios para la mejora de la vida de las personas, cambios que requerirán una nueva mentalidad. El federalismo para los ciudadanos encarna este proyecto, porque potencia la política, la democracia y la cooperación.
La democracia representativa es y tiene que continuar siendo el principal instrumento de participación y de toma de decisiones que tiene nuestro sistema, pero esto no es obstáculo para ir más allá en algunos ámbitos o para repensar en profundidad la relación entre la Administración y el ciudadano. Que la Administración Pública está al servicio del ciudadano es solamente una frase hecha. La insuficiente transparencia de la actuación pública y las excesivas limitaciones a la participación de la ciudadanía son también realidades que hemos ido cambiando en estos últimos años y que nos comprometemos a seguir cambiando de manera más contundente.
La administración pública es el instrumento que tienen los gobiernos para mantener y gestionar una sociedad ordenada, así como la manera de hacer realidad nuestros valores de igualdad de oportunidades y justicia social. Los socialistas queremos que los avances lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos a través de una administración ágil y que les comporte tan sólo el mínimo de cargas imprescindibles. Una administración que exija rendimientos, innovación y pro actividad a sus trabajadores y organizaciones. Y también una Administración que sea eje tractor de la transformación del modelo productivo para salir reforzados y en las mejores condiciones de la crisis económica.
Planteamos una propuesta de revisión del actual modelo de financiación para avanzar hacia un nuevo pacto real y federal a partir de la profundización en cuatro grandes ámbitos de...
Planteamos una propuesta de revisión del actual modelo de financiación para avanzar hacia un nuevo pacto real y federal a partir de la profundización en cuatro grandes ámbitos de actuación (el federalismo de los hechos).
Con el acuerdo de financiación conseguido en el mes de julio de 2009 nuestro autogobierno dio un paso firme y decisivo para concretar y consolidar las previsiones de nuestro Estatuto. Fue, seguramente, uno de los avances más importantes desde su aprobación. Un paso, que a pesar de haber sido fruto de una intensa y larga negociación, es la prueba más evidente de la utilidad de nuestro Estatuto como instrumento para el progreso de nuestras aspiraciones colectivas.
Conseguimos un buen acuerdo. Un acuerdo que satisfizo las razones de justicia, necesidad y legalidad que Cataluña reclamaba y que supone el mejor sistema de financiación que Cataluña ha tenido nunca en su historia. Un modelo que una vez liquidado el primer ejercicio del año 2009, sabemos que ha superado los resultados previstos en el momento de su formalización y que, por tanto, nos situaba en una mejor posición para superar las dificultades de la crisis económica, asegurar las necesidades sociales de los más de siete millones de catalanes y preparar Cataluña para hacer frente a los retos del futuro.
El PSC ha demostrado que es capaz de ofrecer el mejor pacto fiscal para Cataluña. Un pacto real que supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto a modelos anteriores y que, por primera vez en la historia, deja a Cataluña significativamente por encima de la media en recursos por habitante (106% en el 2009 respecto al 97% conseguido en el 2008 con el modelo anterior), implica más participación en los principales impuestos, limita la solidaridad reconociendo nuestro esfuerzo fiscal y es transparente con lo que aporta y recibe cada uno.
Es un buen modelo, que ha desbordado el anterior acuerdo de financiación pactado en el año 2001 entre CiU y PP, multiplicando por diez los rendimientos obtenidos (las ganancias del modelo CiU-PP de 2001 fueron de 251 millones de euros y el pacto conseguido hace dos años por el gobierno de izquierdas ha supuesto 2.421 millones de euros sólo en el primer año de aplicación, 391 millones de euros más de lo previsto). Quizás por ello el éxito conseguido no quiso ser compartido por ninguna de estas dos fuerzas políticas.
Ciertamente, CiU no quiso participar de este gran pacto fiscal. Decidió quedarse al margen, votar en contra en el Congreso de los Diputados y darlo por amortizado desde el primer día en que entró en vigor. No reconoce la paternidad y mucho menos los beneficios. Ha preferido, en cambio, enredar y confundir a los ciudadanos poniendo en el imaginario colectivo, el espejismo de un pacto fiscal o concierto económico que supere el actual modelo. En una estrategia que lleva a la frustración ciudadana, ha sido capaz, incluso, de utilizar indistintamente ambos términos como si fuesen sinónimos. Y, además, lo ha hecho sin concretar ni en qué consiste, ni cómo, ni con qué apoyos políticos cuenta para mejorarlo.
En el marco de las relaciones Cataluña-España, uno de los temas que generan más interés y que más preocupan a la ciudadanía de Cataluña es la mejora del actual modelo de financiación.
Por este motivo, más allá de las cifras conseguidas, uno de los elementos importantes de la negociación, fue garantizar una evolución correcta y justa del sistema. Y precisamente, por eso nos encargamos de introducir mecanismos de actualización, a diferencia del modelo anterior, a partir del año 2013.
Los avances en la mejora del modelo por tanto, sólo pueden venir desde la apuesta por una Cataluña plena en un marco de una España verdaderamente federal que defienda mejoras en nuestro autogobierno y en las necesarias adaptaciones para un buen encaje Cataluña-España. Esta es nuestra propuesta política frente al proyecto independentista, que no defendemos ni desde un punto de vista social, ni económico, ni político, dentro del contexto europeo.
Y esta clarificación entre voluntad de encaje o independencia es necesaria para huir de las ambigüedades, porque cuando hablamos de modelo de financiación o de pacto fiscal (todos los modelos acordados son un pacto fiscal) tenemos que diferenciar muy bien entre las posibilidades que genera un pacto para “quedarse”, frente a un pacto para “irse”.
Si el pacto fiscal de CiU es la primera estación para la independencia, las dudas sobre que una fuerza política como el PP pueda ser parte de este pacto a dos, son más evidentes que nunca.
Nosotros, no queremos contribuir al engaño de quien está planteando un nuevo modelo de financiación como la solución a todos los problemas, como el antídoto contra los recortes, el paro o la crisis.
De la misma manera en 2007, sin crisis y sin déficit teníamos todos los argumentos para defender un nuevo y mejor acuerdo de financiación, hoy pretender que con “la llave de la caja” no tendríamos problemas es despreciar a las otras economías de nuestro entorno, que a pesar de tenerla, también tienen crisis y déficit. La defensa del autogobierno se tiene que diferenciar de cómo, para qué y para quién se utiliza este autogobierno. Un tema es hablar del modelo de financiación y otro diferente es hablar de las elecciones de política económica de un gobierno. Intentar confundirlas equivale a confundir a nuestros ciudadanos.
Y sobre todo, teniendo presente que Cataluña sólo puede conseguir mejorarlo con la complicidad y los votos del conjunto del socialismo español. Un partido que ha demostrado su compromiso con Cataluña y su voluntad de autogobierno. CiU, en cambio, propone pactar su denominado pacto fiscal con el Partido Popular, un partido que no ha defendido nunca, ni defenderá, las mejoras en nuestro autogobierno.
Nuestra propuesta
La bondad del actual modelo viene reafirmada por los datos de liquidación definitivas del primer año de aplicación y por el hecho de que se revisa cada cinco años, es decir, que se puede ajustar y modificar sin iniciar una vez más negociaciones que seguro que son difíciles y de resultados inciertos. Tiene mucho más sentido modificar un pacto que cuenta ya con un esqueleto federal y legal y tiene el aval del Estatuto, que comenzar de cero sin garantías y con muchas incertidumbres, como pretende CiU.
Nuestra propuesta, por tanto, es la defensa de un pacto que ha conseguido 3.687 millones de euros más para Cataluña y que se tendrá que revisar en el 2013 (comenzar a negociar en el 2012, por tanto), en la línea de profundizar en su carácter federal.
Por ello, planteamos una propuesta de revisión de la actual modelo de financiación para avanzar hacia un nuevo pacto real y federal a partir de la profundización en cuatro grandes ámbitos de actuación (el federalismo de los hechos):
1. Más bilateralidad. Caja compartida.
Constitución inmediata del Consorcio Tributario, con participación de la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el futuro, este consorcio se tendría que transformar en la Administración Tributaria de Cataluña.
2. Más justicia. Mejor reconocimiento del esfuerzo fiscal.
La futura revisión del modelo actual tiene que garantizar que no se altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de aplicar los mecanismos de nivelación y de solidaridad.
3. Más garantías. Cada año las cuentas claras.
Incorporar en el nuevo modelo de aplicación del principio de lealtad institucional.
4. Mejores resultados. Convergencia de los modelos
El nuevo modelo tendrá que prever los mecanismos que garantice el proceso gradual de convergencia de resultados entre los diferentes modelos de financiación.
Los socialistas nos sentimos comprometidos con la ambición y las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por eso defenderemos, desplegaremos y recuperaremos todo el...
Los socialistas nos sentimos comprometidos con la ambición y las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por eso defenderemos, desplegaremos y recuperaremos todo el Estatuto votado por los catalanes y catalanas.
Los socialistas nos sentimos comprometidos con la ambición y las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por eso defenderemos, desplegaremos y recuperaremos todo el Estatuto votado por los catalanes y catalanas. Estos años han servido para demostrar que el Estatuto es la principal herramienta para defender el autogobierno y los intereses del país y de su gente. No renunciaremos nunca a mejorar y aumentar nuestro autogobierno, pero queremos hacer y hacemos nuestro camino de compromiso, pacto y acuerdo que el Estatuto ha iniciado.
Nos comprometemos firmemente con la recuperación de todo el Estatuto votado por los catalanes. Y esta recuperación tiene que pasar, entre otros ámbitos, porque:
• Las leyes estatales correspondientes incluyan las nuevas funciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Consejo de Justicia de Cataluña, el recurso para la protección de los derechos estatutarios, y las nuevas competencias de la Generalitat sobre la Administración de Justicia, y también las disposiciones para hacer efectiva la participación de la Generalitat en la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial.
• La participación en instituciones y organismos de toma de decisión estatal, sin necesidad de reducir esta posibilidad a aquellos que tiene un carácter consultivo.
• La potenciación y regulación de los instrumentos de cooperación horizontal como la Conferencia de Presidentes.
El PSC quiere subrayar la importancia de reforzar todos aquellos mecanismos que permitan potenciar la riqueza lingüística del Estado. Por ello, y en la misma línea, uno de los ámbitos en los que la labor de recuperación del Estatuto refrendado por la ciudadanía se tiene que hacer más evidente es el de la lengua. Hace falta, en este sentido:
• Apostar por hacer posible el ejercicio del derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal y la acreditación del conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales por parte de los jueces, los fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, más allá de la indignación que provocó en muchos ciudadanos, puso en evidencia la anomalía del hecho que un tribunal pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma cuando ésta ha sido refrendada por la ciudadanía. Efectivamente, expresada por la voluntad de los ciudadanos sobre el conjunto de un texto, la afectación de la norma pone en crisis como mínimo el sentido de la expresión de la voluntad popular.
Por tanto, proponemos:
• La reforma de las reglas del juego del Tribunal Constitucional para evitar que, en el futuro, pueda volver a suceder lo mismo, de manera que el Tribunal Constitucional nunca se pueda pronunciar sobre la constitucionalidad de una norma después de haber sido refrendada.
Trabajaremos para conseguir dos modificaciones fundamentales de la Constitución Española con la voluntad de fortalecer el carácter federal de España.
Trabajaremos para conseguir dos modificaciones fundamentales de la Constitución Española con la voluntad de fortalecer el carácter federal de España.
Trabajaremos para conseguir dos modificaciones fundamentales de la Constitución Española con la voluntad de fortalecer el carácter federal de España.
• Reforzar y explicitar la estructura federal del Estado, principalmente a través de la reforma del Senado para constituirlo como auténtica cámara de representación de los entes con autonomía política, las comunidades autónomas, con el refuerzo de sus funciones, competencias y representatividad.
• La incorporación de la Unión Europea como un nivel más de gobierno.
Hay que replantearnos y proponer mecanismos para mejorar la calidad de la democracia,fortalecerla y conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en el ámbito público. Los...
Hay que replantearnos y proponer mecanismos para mejorar la calidad de la democracia,fortalecerla y conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en el ámbito público. Los ciudadanos reclaman más participación en la toma de decisiones y transparencia.
La crisis económica ha evidenciado también una crisis y una desafección política de enorme transcendencia. Hay que replantearnos y proponer mecanismos para mejorar la calidad de nuestra democracia, fortalecerla y conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en el ámbito público. Los ciudadanos reclaman, con fuerza, más participación en la toma de decisiones y más transparencia en la gestión para tener un auténtico rendimiento de cuentas. Hace falta, pues, dignificar la política, hacerla más cercana, más transparente y útil a los ojos de los ciudadanos.
Por todo ello, proponemos:
• Un nuevo sistema electoral que garantice más proximidad entre los cargos electos y los ciudadanos y más proporcionalidad entre los votos emitidos y los representantes escogidos.
• La institucionalización de los espacios de atención al ciudadano en el ámbito de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, que garanticen el acceso y la comunicación directa de los ciudadanos con sus representantes.
• La aprobación de la ley de transparencia y de acceso a la información pública.
• La elección del escaño 351, una fórmula de participación parlamentaria que permita que los ciudadanos puedan intervenir en las sesiones del Congreso de los Diputados, en defensa de las iniciativas legislativas populares.
El principal objetivo es tener una Administración Pública más cercana,más ágil y más sencilla,que facilite la prestación de los servicios públicos,la accesibilidad de los ciudadanos...
El principal objetivo es tener una Administración Pública más cercana,más ágil y más sencilla,que facilite la prestación de los servicios públicos,la accesibilidad de los ciudadanos y que evite las duplicidades antieconómicas.Reducir burocracia y costes.
5) Simplificación administrativa: una administración más eficaz, cercana, austera y al servicio del ciudadano
El principal objetivo es tener una Administración Pública más cercana, más ágil y más sencilla, que facilite la prestación de los servicios públicos, la accesibilidad de los ciudadanos y que evite las duplicidades antieconómicas. Hay que reducir burocracia y costes. Para ello habrá que hacer un estudio sobre las duplicidades administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas y entre éstas y los ayuntamientos y los entes supramunicipales, racionalizando las competencias con el objetivo de conseguir una mayor eficacia y una mayor celeridad.
En este sentido, apostamos:
• Por llevar a cabo una profunda reforma de las competencias de las Diputaciones, que se tendrán que centrar, principalmente, en la colaboración y cooperación técnica, jurídica y económica con los organismos que tengan que prestar de forma mancomunada o consorciada los servicios públicos en los municipios.
• Delimitaremos por ley este nuevo marco competencial de las diputaciones provinciales, así como su estructura y funcionamiento que se tendrán que adecuar a esta nueva distribución de competencias.
Somos conscientes también que la situación económica y financiera de los municipios es preocupante. A la falta de modelo de financiación local que el municipalismo reclama hace años, se han sumado nuevas decisiones de las administraciones de Cataluña y del Estado que comprometen, todavía más, la capacidad de los municipios para hacer frente a sus obligaciones y a las necesidades de sus vecinos y vecinas. El Gobierno del Estado ha ido tomando decisiones que han paliado la situación, como las dos ediciones del Fondo Estatal de Inversión Local, o las líneas de financiación ICO para hacer frente a las facturas y pagos pendientes a los proveedores de servicios. Pero hay que afrontar en esta nueva legislatura el problema estructural, de fondo, que es un nuevo sistema de financiación local que sea adecuado al nuevo marco competencial.
Por todo ello, proponemos:
• Hacer las reformas normativas necesarias para conseguir que, en el ámbito supramunicipal, consejos comarcales y diputaciones, el Consejo de Alcaldes sea el máximo órgano de representación y de gobierno.
• Aprobar una nueva ley de financiación local ajustada al marco de competencias municipales.
• Potenciar la constitución de consorcios territoriales como herramienta para mancomunar la prestación de servicios públicos y, como consecuencia, contribuir a menguar la administración pública y a una mayor eficacia y celeridad en el funcionamiento de la administración.
• La racionalización y clarificación de la atribución de competencias entre los Ayuntamientos, consejos comarcales y Diputaciones.
Los socialistas sabemos que un modelo de política lingüística y un modelo de país son básicos para Cataluña pero también lo son para el conjunto de España. Cataluña tiene una...
Los socialistas sabemos que un modelo de política lingüística y un modelo de país son básicos para Cataluña pero también lo son para el conjunto de España. Cataluña tiene una política de fomento de la lengua catalana.
Los socialistas sabemos que un modelo de política lingüística y un modelo de país son básicos para Cataluña pero también lo son para el conjunto de España. Cataluña tiene una política de fomento de la lengua catalana y sabemos que el Gobierno del Estado tiene que contribuir con una actuación decidida porque es una necesidad y una oportunidad: social, cultural, de cohesión interna, y también económica.
Desgraciadamente, en España, el debate lingüístico es un debate queridamente politizado por los partidos nacionalistas y el PP especialmente como una herramienta de rédito electoral y para confrontar las comunidades autónomas que tienen lenguas oficiales diferentes del castellano con las que no tienen otra. El gobierno del Estado tiene la responsabilidad de actuar de manera proactiva para evitar que un instrumento valioso cultural, social y económicamente como la lengua, se transforme en un arma partidista. La defensa de las lenguas de España, en España, tiene que implicar a todas las CC.AA. Para todas, sin excepción, la política lingüística, vista y organizada desde una mirada y una praxis federal es un valor añadido.
Por ello, hay que transformar el conflicto en valor, por medio de una acción política planificada, participada y acertada en cuatro dimensiones: apoyo a las comunidades autónomas para el fomento de la lengua propia en todos los campos: implicación de las instituciones y organismos del Estado en reconocer y visualizar las diferentes lenguas oficiales de España; implicación en Europa para garantizar el máximo de presencia posible de las cuatro lenguas oficiales (catalán, castellano, vasco y gallego); difusión exterior para dar a conocer y valorizar esta característica del país y transformarlo en signo distintivo y de oportunidad.
Nos hace falta más que nunca expresar el respeto y el reconocimiento de la realidad plurilingüística de España y dejar atrás la subordinación del resto de lenguas respecto al castellano.
Esto implica definir e impulsar una política lingüística a nivel del Estado para que pasen a ser reconocidas al mismo nivel, en derechos y deberes.
En el ámbito de las instituciones europeas, el Gobierno español presentó en diciembre de 2004, un memorándum solicitando el reconocimiento del catalán, y del resto de lenguas cooficiales en la Unión Europea, así como la modificación del reglamento lingüístico para reclamar su oficialidad. El Consejo de la UE aceptó el uso de las lenguas cooficiales en sus comunicaciones escritas con las instituciones europeas, el derecho de los ciudadanos a dirigirse y ser contestados en catalán a estas instituciones (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia) y órganos consultivos de la Unión (Comité de las Regiones y Comité Económico y Social), así como con el Defensor del Pueblo, y permitió la utilización del catalán en las sesiones ministeriales formales de los consejos de ministros de la UE cuando participa un miembro del Gobierno catalán, además de la publicación oficial en catalán de textos legales finales adoptados por decisión del Parlamento Europeo y del Consejo.
• Por todo ello, desde el PSC seguiremos trabajando para garantizar que el catalán pueda disfrutar de oficialidad en la UE y ser utilizado ante las instituciones europeas tal y como prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, que el Gobierno de España reclame el máximo reconocimiento oficial.
Asimismo, desde el PSC continuaremos defendiendo de forma energética el catalán como lengua propia de Cataluña. Una lengua que convive con una normalidad ejemplar, especialmente con el castellano.
• No renunciaremos a que el catalán sea la lengua de integración, cohesión y superación social e individual. Y defenderemos nuestro modelo de inmersión lingüística como la garantía de nuestra unidad civil.
Por todo ello seguiremos trabajando para garantizar:
• El reconocimiento del catalán y de las otras lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas en las diferentes instituciones del Estado, no sólo en el Senado.
• La garantía en todas las instituciones del Estado de que los ciudadanos tendrán el derecho a poder ser atendidos en la lengua oficial de su comunidad.
• El impulso del papel del Instituto Cervantes como difusor de la realidad plurilingüe de España y del valor de esta característica.
• El impulso del papel y las funciones del Consejo de las Lenguas y sus funciones y de la Oficina de las Lenguas para el desarrollar, desde la Administración Pública del Estado, las políticas de planificación, visualización, valoración de la lengua catalana y el resto de lenguas oficiales de España y atender los derechos lingüísticos de los españoles.
• El impulso de un pacto por las lenguas de España que promueva el reconocimiento y la puesta en valor, su conocimiento y aprendizaje por todo el Estado. Un pacto que tendría que situar el tema lingüístico en el espacio y la importancia que realmente le corresponde: un elemento nuclear y conformador de la sociedad, garantizando el compromiso para reconocer y defender todas las lenguas y evitar la manipulación y la politización.
La cultura es el quinto pilar del Estado del bienestar, la democratización de la cultura, el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y productos culturales en igualad, es un...
La cultura es el quinto pilar del Estado del bienestar, la democratización de la cultura, el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y productos culturales en igualad, es un objetivo imprescindible para los socialistas.
La cultura es el quinto pilar del Estado del bienestar, la democratización de la cultura, el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y productos culturales en igualad, es un objetivo imprescindible para los socialistas. La cultura es un derecho de ciudadanía, y resulta un objetivo y reto de futuro para los poderes públicos, también facilitar y universalizar al máximo el acceso a él. En el actual contexto de dificultades económicas y de contención de los presupuestos públicos habrá que hacer un esfuerzo para no excluir de la oferta de contenidos culturales a buena parte de la población.
La cultura y las políticas culturales pueden ser la nueva frontera de desarrollo de nuestro Estado del bienestar, pero ya son hoy un factor decisivo para nuestra economía. Podemos considerar industrias culturales a los sectores más tradicionales: el cine, las artes visuales, el sector editorial, las artes escénicas, la pintura, la escultura, la música y nuevos sectores vinculados a la innovación y a la creatividad como el diseño, la moda, la arquitectura, o las industrias de contenido digital y de ocio.
En el conjunto de España, y muy especialmente en Cataluña, las industrias culturales aportan casi el 5% del producto interior bruto con un cálculo de empleo de 800.000 puestos de trabajo. En el marco de la nueva economía productiva y neta, con capacidad de crecimiento y generación de empleo las industrias culturales se adecúan a los nuevos objetivos del modelo de crecimiento económico: las ideas, la creatividad como base de unas industrias limpias que no consumen cantidad de recursos naturales y tienen capacidades de internacionalización y exportación. La cultura es también hoy en día, un factor clave para la proyección internacional de cualquier país.
El entorno digital, internet, es una gran oportunidad para profundizar en la democratización del acceso a la cultura y también para poner a disposición de la red una potente oferta de contenidos que ayude a desarrollar las industrias culturales como sector emergente de nuestra economía. Hoy es posible que más usuarios conozcan nuestros museos, nuestras bibliotecas o los archivos para la consulta virtual en la red que por la visita a los equipamientos.
La diversidad cultural, la realidad plural y lingüística de España ha hecho un salto decisivo en las dos últimas legislaturas. La concepción federal de las políticas culturales reafirmadas en la competencia plena de Cataluña y las comunidades autónomas en cultura, así como el reconocimiento del Ministerio de Cultura como “ministerio de las culturas” permite dar valor a la riqueza plural de nuestra cultura y de las culturas del Estado. Habrá que profundizar en la cooperación y concertación entre comunidades autónomas y gobierno del Estado en las grandes infraestructuras culturales y en sus programaciones y festivales.
Por todo ello proponemos:
• Revisión sistemática y coherente de la actual ley de propiedad intelectual, que facilite el acceso a los contenidos digitales, que estimule modelos de negocio, que permitan una amplia oferta de contenidos y a precios asequibles y con una normativa clara que mejore la calidad del acceso a la red y revise el coste y que mejore la transparencia de las entidades de gestión de derechos y que revise las facultades de control y supervisión de los poderes públicos.
• Una nueva ley de patrocinio y mecenazgo, que fomente el patrocinio, la colaboración pública y privada en las instituciones culturales, que revise los incentivos fiscales.
• Ampliar la capacidad y dotación de la Agencia Estatal de las Industrias Culturales y del plan nacional de fomento de las industrias culturales e incentivar la cooperación con el ICIC, fomentando las nuevas tecnologías en la producción, distribución y exhibición de contenidos culturales, ayudas a la inversión en capital para promover la innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales, ayudas reembolsables para proyectos empresariales que consoliden y desarrollen industrias culturales financiadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
• Mantener el plan de inversiones del 1% cultural, a pesar de la disminución de la obra pública y establecer las prioridades con diálogo con las comunidades autónomas.
• Completar la red de Bibliotecas Provinciales (Barcelona, Tarragona y Girona) y archivos provinciales (Girona).
• Mantener el apoyo del Gobierno del Estado en las grandes instituciones culturales de Cataluña.
Queremos que el PSC continúe siendo la fuerza política que represente mayoritariamente los intereses del catalanismo político en las Cortes Generales.Estamos convencidos de que...
Queremos que el PSC continúe siendo la fuerza política que represente mayoritariamente los intereses del catalanismo político en las Cortes Generales.Estamos convencidos de que seguirá siendo así.
Queremos que el PSC continúe siendo la fuerza política que represente mayoritariamente los intereses del catalanismo político en las Cortes Generales. Estamos convencidos de que seguirá siendo así, pero es posible también que mucho del buen trabajo que hemos hecho sea insuficientemente percibido por los ciudadanos de Cataluña. Podemos mejorar en proyección pública y en eficacia de nuestro trabajo. Queremos hacerlo. Por ello nos comprometemos a que, antes de la constitución del nuevo Congreso de los Diputados, fruto de las próximas elecciones generales, se efectúe una revisión y una actualización de los mecanismos de relación parlamentaria entre el PSC y el PSOE.
Estamos convencidos de que una buena redefinición, acordada, de las relaciones entre el PSC y el PSOE, tiene que ahorrar futuros problemas y tiene que incorporar, más y más cada día, a los socialistas españoles a la causa del federalismo y al reconocimiento de la permanente aportación de los socialistas catalanes al catalanismo político.
Por ello, la Comisión Ejecutiva del PSC negociará con la del PSOE una nueva forma de organización federal del grupo parlamentario socialista, a través de la introducción de mecanismos que garanticen una mayor visibilidad de la labor de los diputados del PSC en el Congreso, la intervención en aquellos debates de especial interés para Cataluña y la posibilidad de votación diferenciada en aquellos casos de especial relevancia para Cataluña, y para su autogobierno, en los que no haya sido posible acordar una posición común.
Nuestra propuesta no es una fórmula para articular la discrepancia con el conjunto del socialismo español. Es la mejor forma de asegurar los mecanismos de afirmación del socialismo catalán en todas aquellas cuestiones de especial incidencia en la política catalana. Una fórmula que servirá mejor a nuestro objetivo de concretar la voz, la visibilidad y en su caso, el voto diferenciado. Pretendemos ganar en visibilidad sin que se resienta la eficacia de nuestro trabajo en beneficio de los ciudadanos de Cataluña y de nuestra voluntad de autogobierno.
Asimismo, la voluntad del PSC es concurrir a las próximas elecciones al Senado en coalición con otras fuerzas catalanistas y de progreso. Los senadores socialistas catalanes constituirán un grupo propio siguiendo las características de la actual Entesa.